La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvo que la política de Paz Total impulsada por el Gobierno anterior «no fue exitosa» y señaló serias deficiencias en el modelo de diálogos regionales que se implementó. En entrevista con Noticias Caracol, la funcionaria explicó que el diseño de las negociaciones careció de la planeación necesaria, lo que impidió alcanzar resultados concretos y derivó en la continuidad de actividades criminales por parte de grupos armados que participaban en las mesas de diálogo.
Camargo afirmó que «esa paz total tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa y no lo fue. Definitivamente no lo fue». La fiscal criticó que abrir múltiples procesos de diálogo simultáneamente exigía una capacidad de organización que, según su análisis, estuvo ausente. «Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación, que yo la vi ausente, porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente», precisó. A esto se sumó la suspensión de órdenes de captura bajo la Ley 2272 de 2022, que dio continuidad durante cuatro años a la Ley 418 de 1997, marco de políticas de orden público y procesos de paz. La fiscal indicó que ese mecanismo impidió que la Fiscalía ejecutara capturas contra personas que representaban a las organizaciones armadas en las mesas de negociación.
Fiscalía no suspendió órdenes de extradición
La jefa del ente acusador aclaró que la suspensión aplicó únicamente a órdenes de captura nacionales y no a aquellas con fines de extradición. Esto fue determinante en el caso de alias Araña, cuya captura generó diferencias con el Gobierno Nacional, pero Camargo subrayó que ninguna orden de extradición fue suspendida por la Paz Total. En contraste, la Fiscalía continuó judicializando a integrantes de grupos armados que aprovecharon los diálogos para seguir delinquiendo. Como ejemplo, mencionó al Frente 33, responsable de los homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra firmantes de paz y líderes sociales registrados en el Catatumbo entre enero y octubre de 2025. También aludió al proceso contra alias Calarcá, imputado y declarado persona ausente, así como a las investigaciones al Frente 36 en el Bajo Cauca antioqueño y al atentado contra policías en Amalfi.
«Ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo, efectivamente, que normalmente son las personas que representan a esas organizaciones armadas»
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación
La fiscal calificó como «escandalosa» la conversación atribuida al entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, con un vocero del Clan del Golfo, en la que se mencionaba «jugar a los congelados». Sin embargo, aclaró que ese hecho no derivará en una investigación porque estaba amparado por la Ley 2272 de 2022. En otro frente, Camargo reveló que la Fiscalía no conocía la información contenida en el computador de alias Calarcá hasta que se realizó la extracción forense; dicha información luego fue clave para su imputación.
En materia de resultados operativos, la delegada contra el crimen organizado ejecutó 1.375 órdenes de captura durante 2026, mientras que en seguridad territorial se cumplieron 4.900 capturas en el mismo periodo. Estos datos reflejan la actividad judicial paralela al proceso de paz fallido. La crítica de la fiscal también apuntó a que las conversaciones con estructuras armadas se vieron afectadas porque se planteaban acuerdos con quienes ejercen el mando, pero no con los mandos medios, lo que generó diálogos dispersos y evidenció la falta de voluntad real de algunos actores criminales para desmovilizarse. La evaluación de Camargo coincide con el balance de una política que, a su juicio, estuvo marcada por debilidades en su diseño y ejecución.
