En una alocución transmitida el domingo 27 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó una contundente petición a la justicia: que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones a los investigados por corrupción que hicieron parte del gobierno anterior, el de Gustavo Petro, a cambio de que entreguen pruebas que permitan desmantelar las redes de latrocinio. La propuesta surge luego de que el Consejo de Estado declarara la «muerte política» del expresidente del Senado Iván Name, figura central en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y en medio de un paquete de medidas de seguridad y lucha contra la ilegalidad que el mandatario detalló durante su intervención.
«Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas», afirmó De la Espriella, quien también se dirigió directamente a los implicados: «A los corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración». El presidente aclaró que la decisión del Consejo de Estado contra Name no fue una iniciativa de su Gobierno, sino un dictamen judicial, y subrayó que «el latrocinio que perpetraron no puede quedar en la impunidad».
Una alocución de seguridad y justicia
La propuesta del presidente se enmarcó en una alocución que abarcó también la estrategia de seguridad nacional, con énfasis en las intervenciones en Santa Marta y Cali. En la capital del Magdalena, De la Espriella atribuyó los bloqueos y ataques a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos como Los Pachenca, tras la muerte de alias Cholo, identificado como segundo jefe del grupo, y calificó la reacción de «narcoterrorismo». La respuesta del Estado incluyó el despliegue de 2.500 miembros de la fuerza pública, apoyo aéreo, puestos de control y rondas nocturnas. En ese operativo se lograron 23 detenciones —18 en el departamento de Magdalena y 5 en La Guajira—, se realizaron 6 allanamientos y se reabrieron 5 puntos de bloqueo en la carretera Santa Marta-Riohacha. Además, se reforzaron las ciudades de Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe.
En Cali, la denominada Operación Iron dejó 85 capturas, con la participación de 1.200 policías y militares desplegados en seis comunas y 24 microterritorios urbanos. Entre los detenidos figuran alias Yolima, identificada como pareja de alias Pinocho, y alias Juancho Roy, vinculado a sicariato. De la Espriella reveló que se ofrecen recompensas de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Pinocho, Doscientos y Patilizo, y aseguró que «quien ataca a los colombianos va a encontrar al Estado».
«El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El mandatario también sostuvo que «el Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso». En la alocución, De la Espriella aseguró que las Fuerzas Armadas recibieron la orden de perseguir a los responsables dentro de la Constitución y la ley, mientras que la agenda también incluyó asuntos fiscales, de salud y educación después del terremoto del 10 de agosto, así como las pesquisas por corrupción. «Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar, el latrocinio que perpetraron no puede quedar en la impunidad», sentenció el presidente, quien reafirmó su compromiso de combatir la corrupción sin tregua y con todas las herramientas del Estado.
