La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, ocupó 42 bienes vinculados al denominado clan Herrera, una presunta red de testaferros que habría trabajado al servicio de Hélmer “Pacho” Herrera, el fallecido jefe del Cartel de Cali. El valor preliminar de los activos intervenidos supera los 44.900 millones de pesos, y entre ellos se destaca la hacienda La Porcelana, ubicada en el municipio de Sonsón, Antioquia, con una extensión de 1.083 hectáreas compuestas por siete predios. Los operativos se ejecutaron de manera simultánea en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá (Valle del Cauca) y Sonsón (Antioquia), como resultado de un rastreo minucioso de movimientos patrimoniales, operaciones financieras y anomalías en los flujos de caja de las empresas vinculadas.
Medidas cautelares y distribución de los bienes
Las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y, en algunos casos, toma de posesión de los activos. Según la investigación, estos bienes eran administrados por testaferros para ocultar, transformar y administrar el patrimonio proveniente del narcotráfico. La distribución de los bienes afectados es amplia: en Bogotá fueron ocupados un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; en Cali, dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio; en Jamundí, un inmueble urbano de cuatro pisos donde funcionaba un hotel y un lote adicional; y en Tuluá, un terreno. La hacienda La Porcelana, por su parte, representa uno de los golpes más significativos a la estructura patrimonial del extinto capo.
Contexto del clan Herrera y sectores económicos afectados
Hélmer “Pacho” Herrera Buitrago, nacido en 1951 y asesinado en 1998 en la cárcel de Palmira, fue uno de los máximos líderes del Cartel de Cali. Tras su muerte, la Fiscalía identificó al clan Herrera como la red de testaferros y herederos que presuntamente continuó administrando sus patrimonios ilícitos. Las estructuras comerciales involucradas abarcan sectores tan diversos como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcino, cambiario y de juegos de suerte y azar. La investigación detectó irregularidades contables y cruzó información financiera para establecer el posible origen ilegal de los bienes. Una vez surtidas las medidas cautelares, los activos quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
Este operativo representa un nuevo capítulo en la lucha del Estado contra las estructuras que intentan legalizar capitales del narcotráfico. La Fiscalía continuará con las labores de verificación y seguimiento para determinar si existen más bienes vinculados a esta red, así como para fortalecer las pruebas que sustenten la extinción definitiva de los derechos sobre los activos ocupados. Con esta acción, se envía un mensaje contundente a quienes intentan perpetuar el legado económico de los grandes capos del narcotráfico en Colombia.
