La Asamblea de Caldas aprobó una exoneración a las estampillas que consiste en liberar a los contratos y convenios suscritos en el marco de la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto del pago de estos tributos
La ordenanza aprobada tiene origen en el gobierno departamental, que considera que con la decisión cuenta ahora con una herramienta tributaria para impulsar el proceso de reconstrucción
¿Qué son las estampillas y por qué se pagan?
Las estampillas departamentales son tributos territoriales que pueden ser creados por los departamentos mediante ordenanza, dentro de las competencias que les otorga la Constitución y la ley.
En términos prácticos, se trata de un cobro que se genera sobre determinados actos, contratos o negocios jurídicos en los que interviene el departamento o determinadas entidades públicas. En Caldas, las estampillas constituyen una renta propia del departamento y los recursos obtenidos tienen destinaciones específicas establecidas en las normas que las crearon.
Según jurisprudencia de la Corte Constitucional estos tributos hacen parte de los ingresos propios de las entidades territoriales y su recaudo debe destinarse a los fines establecidos legalmente.
¿Quiénes deben pagar las estampillas?
Son sujetos pasivos de las estampillas las personas naturales o jurídicas que, de manera directa o indirecta, contraten con el Departamento de Caldas, sus entidades descentralizadas, la Contraloría General de Caldas, la Asamblea Departamental u otras entidades públicas departamentales, según corresponda.
El hecho generador está constituido por el pago a favor de los sujetos señalados en la norma, cuando se trate de los actos, contratos o convenios gravados.
Es decir, no se trata de un impuesto que paguen todos los ciudadanos de Caldas por el solo hecho de vivir en el departamento. Su aplicación está asociada a determinados actos y contratos sujetos al gravamen.
¿Cuánto se paga actualmente?
Este es el inventario de las estampillas actualmente vigentes en Caldas:
- Estampilla Pro-Cultura: 1 %.
- Estampilla Pro-Desarrollo: 1 %.
- Estampilla Pro-Hospitales Universitarios: 1 %.
- Estampilla Pro-Universidad: 2 %.
- Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3 %.
En conjunto, estas estampillas representan actualmente una carga del 8 % sobre los actos y contratos gravados.
¿Qué cambia ahora?
Aquí está el punto central del nuevo alivio tributario.
La norma no elimina las estampillas ni acaba con su cobro de manera permanente. Lo que establece es una exoneración tributaria transitoria para los contratos y convenios que estén relacionados con la atención de la calamidad pública ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026.
La decisión ncluye también las adiciones, ampliaciones y prórrogas de esos contratos, siempre que se encuentren dentro del período de aplicación de la medida.
El argumento de la administración al presentar el proyecto de Ordenanza a la Asamblea fue que si los contratos destinados a atender la emergencia quedan libres del pago de las estampillas, una mayor proporción de los recursos disponibles podrá dirigirse directamente a atención, rehabilitación y reconstrucción, en lugar de destinarse al pago de este gravamen.
¿Por cuánto tiempo?
El beneficio tiene un carácter temporal y se aplicará durante el término de la calamidad pública y, específicamente, hasta el vencimiento del plazo de seis meses establecido en la declaratoria.
También contempla que, si la declaratoria de calamidad pública es prorrogada, la exoneración pueda extenderse automáticamente dentro de los límites establecidos por la legislación nacional.
¿Cuánto dejaría de recibir el departamento?
La Secretaría de Hacienda calcula que el impacto fiscal de la exoneración podría llegar a $24.847 millones. El cálculo parte de los recursos que, según el proyecto, podrían movilizarse para la reconstrucción y de la carga tributaria que actualmente representan las estampillas.
El proyecto identifica, entre otras posibles fuentes, recursos por $100.000 millones del FONPET, $116.585 millones de excedentes, $30.000 millones de reclamaciones a seguros y $64.000 millones correspondientes a excedentes de pensiones, para un total estimado de $310.585 millones. Sobre esa base aparece la estimación del impacto de la exoneración.
Fuente: Prensa Asamblea de Caldas
