La muerte de Luis Alfredo Echeverry, un joven afrocolombiano de 28 años y padre de dos niños, durante un presunto procedimiento policial en Villarrica, Cauca, ha desatado una fuerte controversia y denuncias de brutalidad policial que llegan hasta la más alta esfera política del país. El expresidente Gustavo Petro y varios representantes a la Cámara han señalado directamente a la Policía Nacional de un posible uso excesivo de la fuerza con un aparente sesgo racial, mientras exigen una investigación inmediata y transparente por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre lo ocurrido el pasado domingo en el norte del Cauca.
Según la denuncia formulada por el expresidente Petro a través de su cuenta en la red social X, Echeverry, a quien describió como un hombre trabajador y sin antecedentes penales, habría recibido un disparo en la cabeza por parte de los uniformados. «Otro afro colombiano inocente asesinado por la policía nacional», expresó Petro, quien agregó que el joven era padre de familia. En los mismos hechos, las autoridades retuvieron a otros dos jóvenes, identificados como Julián Andrés Sánchez y Carlos Andrés Angulo, para quienes los denunciantes exigen el pleno respeto a sus derechos y todas las garantías procesales.
Los representantes a la Cámara Óscar Benavides y Jorge Bastidas fueron contundentes en su rechazo al hecho. Benavides, visiblemente indignado, cuestionó si la condición de ser afrodescendiente es hoy un motivo de sospecha para las autoridades, anunciando que se tomarán acciones legales contra lo que considera un sesgo racial en los procedimientos policiales. «La Policía volvió a arrebatarles a unos niños la posibilidad de crecer junto a su padre», afirmó el congresista, quien hizo un llamado a la comunidad para que estos hechos no queden impunes.
Por su parte, el representante Bastidas elevó un cuestionamiento directo a la institución armada: «¿Qué está pasando? ¿La Policía tiene barra libre para disparar primero y preguntar después? Les recuerdo que en Colombia no hay pena de muerte». En sus declaraciones, Bastidas también destacó que los jóvenes del norte del Cauca se han caracterizado por su desempeño deportivo, educativo y su reconocimiento comunitario, lo que hace aún más doloroso el suceso. El congresista expresó su total indignación y solidaridad con la familia de Luis Alfredo y con la comunidad de Villa Rica, comprometiéndose a hacer un «seguimiento riguroso» de las investigaciones.
El abogado defensor de derechos humanos Alí Bantú Ashanti también se pronunció, denunciando un presunto uso excesivo de la fuerza en el operativo que terminó con la vida del joven. Este caso resuena con especial fuerza al ocurrir menos de dos semanas después de la muerte de Donovan Balanta, otro joven afrodescendiente de 34 años que falleció en el sur de Bogotá tras ser sometido con un taser por siete policías, quienes posteriormente fueron retirados de sus cargos. Tanto Petro como los representantes vinculan ambos hechos como parte de un patrón de brutalidad policial contra la población afrocolombiana, elevando la presión sobre la Fiscalía para que esclarezca de manera expedita lo sucedido en Villarrica y determine las responsabilidades del caso.
