En una alocución televisada el domingo 27 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que su gobierno iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2027. La decisión, tomada ante lo que el mandatario describió como un «saldo en rojo» en las finanzas públicas, fue rechazada de inmediato por el Pacto Histórico, colectividad política que integró el gobierno anterior de Gustavo Petro. En un comunicado difundido el mismo día, la oposición tildó la medida de «entrega» y propuso como alternativa una reforma tributaria progresiva que cierre el déficit fiscal sin recurrir al endeudamiento externo condicionado.
Durante su alocución, el presidente ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y a su equipo económico encabezar los contactos con el organismo multilateral. El gobierno argumenta que el deterioro de las cuentas públicas dificulta el cumplimiento de las obligaciones de deuda y gastos del próximo año, lo que justifica buscar financiamiento externo. Sin embargo, el Pacto Histórico considera que la decisión es un giro político para evitar aumentar la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos, y advertió que Colombia podría someterse a un programa de ajuste del FMI, con recortes en el gasto público y social.
Un antecedente de deuda con el FMI
El anuncio se produce en un contexto de antecedentes recientes. Durante la administración de Iván Duque, Colombia tomó una Línea de Crédito Flexible del FMI por 5.600 millones de dólares, equivalentes a unos 22 billones de pesos, cuyo pago se realizó en un plazo de tres años durante el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella planea un nuevo crédito, pero el Pacto Histórico advirtió que un eventual endeudamiento podría llevar el nivel de deuda pública hasta un 66,2% del PIB, una cifra que consideran riesgosa para la estabilidad económica.
El Pacto Histórico, en su comunicado, defendió los indicadores macroeconómicos del gobierno Petro: destacó que la inflación bajó del 13,5% al 6% durante ese período, que el desempleo registró su nivel más bajo en tres décadas y que la pobreza alcanzó mínimos del siglo. Con base en esos datos, la colectividad afirmó que la economía tuvo cuatro años de crecimiento sostenido y negó que el país atraviese una crisis. Para la oposición, la verdadera crisis sería política, no económica.
«Colombia no necesita ‘entregarse’ al FMI para financiar el presupuesto de 2027. Necesita voluntad política para cobrarle más a quien más tiene, y dejar de usar al pueblo como garantía de la deuda de los más ricos»
Pacto Histórico, comunicado oficial
La reforma tributaria progresiva como alternativa
En lugar del crédito externo, el Pacto Histórico propone una reforma tributaria progresiva, soberana y justa, que cierre el déficit fiscal con recursos internos. «La alternativa es clara y está sobre la mesa: una reforma tributaria progresiva, soberana y justa, que cierre el déficit fiscal con recursos internos y evite la deuda externa condicionada a recortes y costes sociales», señaló la colectividad en su comunicado. La propuesta busca aumentar la carga impositiva sobre los sectores de mayores ingresos, en lugar de someter al país a las condiciones del FMI.
El choque entre el gobierno y el Pacto Histórico escaló este mismo domingo con acusaciones mutuas. El presidente De la Espriella afirmó que integrantes del gobierno anterior «se habían robado todo», una declaración que el Pacto calificó como parte de una estrategia del «fascismo reaccionario». Para el Pacto, el acercamiento al FMI responde a la «doctrina del shock», una fórmula que, según ellos, busca justificar privatizaciones y reducir el gasto social bajo argumentos neoliberales.
La decisión del gobierno marca un giro en la política económica del país y genera un debate de fondo sobre el financiamiento del presupuesto de 2027. Mientras el Ejecutivo defiende la vía del endeudamiento externo, la oposición plantea una alternativa interna que, a su juicio, protegería el gasto social y evitaría condicionamientos. El Congreso deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre el proyecto de presupuesto, en un escenario de alta polarización política y con cifras económicas en disputa.
