En una de sus primeras decisiones ambientales de alto impacto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Ambiente, revocó la Resolución 0970 de 2026, un acto administrativo heredado de la administración de Gustavo Petro que extendía hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán. La medida, que devuelve el trámite de protección a las reglas definidas en marzo de 2025, fue firmada por Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y designado como ministro de Ambiente ad hoc para asuntos de Santurbán mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026, tras el impedimento declarado por el titular de la cartera ambiental, Fabio Arjona Hincapié. El argumento jurídico es contundente: el acto administrativo se sustenta en el numeral primero del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que permite revocar actos que resulten «manifiestamente contrarios» a la Constitución o a la ley, señalando no una simple diferencia de conveniencia, sino un cuestionamiento de legalidad sobre las condiciones de protección establecidas por la administración anterior.
La Resolución 0970 de 2026, expedida durante el Gobierno de Gustavo Petro, había sido un instrumento clave que actualizaba la extensión de la zona protegida, precisaba los mapas aplicables y extendía su vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, abarcando un área de 73.432,42 hectáreas en el macizo de Santurbán, una región que confluye con asuntos de protección ambiental, agua, actividad minera y ordenamiento territorial, afectando a municipios de Santander como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, así como a zonas de Norte de Santander. Con la revocatoria, esta normativa queda sin efecto y vuelven a regir las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, junto con sus anexos, eliminando los ajustes introducidos en agosto de 2026, entre ellos la ampliación del plazo, la delimitación geográfica actualizada y los cambios de cartografía. Es importante precisar que la figura de protección temporal no desaparece con esta decisión, sino que retorna al periodo inicialmente previsto en la Resolución 0221, sin la extensión que fijaba el 4 de marzo de 2029 como fecha límite.
Reacciones y movilización de la sociedad civil
La noticia ha generado una inmediata reacción por parte del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la organización ambientalista que ha sido una de las voces más críticas frente a lo que consideran un desmantelamiento de la protección del ecosistema. A través de su cuenta en la red social X, el Comité denunció que el Gobierno de Espriella, en sus primeros dos meses de gestión, «no ha tomado ni una sola medida» para garantizar la protección del agua y, por el contrario, ha dejado sin efecto tres resoluciones relacionadas con el cuidado del recurso hídrico. La organización también advirtió que Aris Mining prevé presentar el próximo año una solicitud de licencia ambiental, sin que se hayan detallado las características del trámite ni el proyecto correspondiente, lo que enciende las alarmas sobre posibles actividades mineras en la zona. Ante este panorama, el Comité lanzó un llamado a la acción ciudadana: «Nos toca movilizarnos en Bogotá», expresaron, en lo que sería una nueva jornada de presión para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de sus compromisos con los ciudadanos de Santander y Norte de Santander.
«No ha tomado ni una sola medida»
Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
La decisión de revocar la Resolución 0970 de 2026 deberá ser comunicada oficialmente a una serie de entidades clave: la Agencia Nacional de Minería (ANM), que además tiene un plazo de cinco días hábiles para actualizar los datos en el Sistema Integral de Gestión Minera; la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb); la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla); Parques Nacionales Naturales; el Ministerio de Minas y Energía; la Gobernación de Santander; y las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga. Mientras tanto, el Comité de Santurbán ha puesto una fecha límite al Gobierno: el 13 de noviembre, día en que vence el plazo solicitado para que el Ejecutivo saque a consulta pública la reserva natural proyectada para Santurbán, una actuación que la organización considera fundamental para garantizar la protección de las fuentes hídricas que abastecen a 2,5 millones de colombianos. La tensión en el macizo de Santurbán, donde confluyen intereses ambientales, mineros y de ordenamiento territorial, no parece tener un desenlace cercano, y la movilización ciudadana podría ser solo el primer capítulo de un nuevo pulso entre el Gobierno y los defensores del páramo.
