En un debate de control político celebrado en la Cámara de Representantes el 29 de septiembre de 2026, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Fabián Blanco Rodríguez, reveló que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y máximo líder de las extintas FARC, cuenta actualmente con un esquema de seguridad compuesto por seis vehículos blindados y dieciséis hombres de protección. La revelación cobra especial relevancia teniendo en cuenta que Londoño cumple una sanción de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de lesa humanidad y secuestros, aunque su condición de firmante del proceso de paz de 2016 lo mantiene amparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante su intervención, transmitida por el Canal Congreso, Blanco Rodríguez explicó que el esquema de seguridad del excomandante guerrillero no solo se mantiene por mandato internacional, sino que además fue objeto de un estudio particular cuando Londoño solicitó una extensión de sus medidas de protección. Según el director de la UNP, ese estudio arrojó que no era posible implementar una ampliación adicional al esquema actual. La situación pone de presente las tensiones entre la obligación de proteger la vida de los firmantes del acuerdo de paz y el escrutinio público que generan las concesiones a quienes han sido sancionados por graves violaciones a los derechos humanos.
Disculpas al Centro Democrático y protección sin sesgos
En otro momento de su intervención, el funcionario aprovechó para pedir disculpas públicas al Centro Democrático por afirmaciones que realizó en el pasado cuando se encontraba en campaña política. Blanco Rodríguez aclaró que esos comentarios obedecieron a dinámicas propias de la contienda electoral y no representan su postura personal ni profesional, mucho menos un criterio ideológico a la hora de asignar recursos de protección. En ese sentido, recalcó que la UNP protege vidas humanas sin distinción de ninguna naturaleza, pues el sistema está diseñado para atender a quienes se encuentran en situación de riesgo, sin importar su orientación política.
«Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo»
Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la UNP
Vehículos blindados sin devolver
El director de la UNP también denunció que algunos exministros y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro no han devuelto los vehículos blindados que les fueron asignados durante su paso por el servicio público. Blanco señaló que, pese a que estas personas ya no ocupan cargos oficiales ni son congresistas, el proceso de recuperación de los vehículos se ha visto retrasado porque los requerimientos formales pueden ser recurridos por los implicados, algunos de los cuales alegan mantener situaciones personales de seguridad. Esta situación agrava la transición de los esquemas de protección y retrasa la asignación de los recursos a los nuevos beneficiarios.
«Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad»
Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la UNP
El presupuesto anual de la UNP asciende a 2,6 billones de pesos y la entidad tiene bajo su responsabilidad la protección de al menos 12.000 personas, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La situación de los exintegrantes del Congreso que pierden su curul también fue abordada por el director, quien explicó que estas personas pueden solicitar protección por razones personales, pero deben iniciar un nuevo trámite ante la UNP, lo que genera un lapso sin esquema de seguridad. Blanco, quien es psicólogo y poligrafista de profesión, defendió la gestión de la entidad frente a las críticas por la asignación de recursos y reiteró que la prioridad es atender los riesgos debidamente acreditados, sin importar la condición de la persona protegida.
