El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, reveló durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que el Estado destinó 739 millones de pesos para el esquema de seguridad de Juliana Guerrero, la joven que falsificó títulos académicos para acceder a un viceministerio durante el gobierno de Gustavo Petro. La cifra, que corresponde a una auditoría interna presentada por el funcionario, cubre el periodo comprendido entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, es decir, aproximadamente 18 meses de protección oficial para quien ahora enfrenta un proceso judicial por sus falsedades.
El dato salió a la luz en medio del escrutinio político que se adelanta sobre la asignación de esquemas de seguridad durante la administración saliente, un tema que ha generado fuertes críticas por el uso de recursos públicos en beneficio de personas cercanas al poder. La propia UNP indicó que la información detallada sobre los componentes del dispositivo permanece bajo reserva legal, lo que impide conocer el número de escoltas, vehículos o medidas tecnológicas que conformaban el esquema de la joven exfuncionaria.
Un audio que compromete al presidente Petro
El escándalo se agravó con la divulgación de un audio de 41 segundos, difundido por la revista Semana, en el que se escucha una voz atribuida a Juliana Guerrero hablando directamente con el presidente Gustavo Petro. En la grabación, que data del 6 de agosto de 2026 —un día antes del fin del mandato presidencial—, la joven menciona un mensaje que le habría enviado Augusto Rodríguez, entonces director de la UNP, para gestionar un cambio en su perfil de seguridad.
«Vale, mire, es que acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez para, me imagino, cambiar como mi tipo de cosas, no sé… funcionaria, sino activista y líder política, para poder justificar mi esquema y reforzármelo»
Voz atribuida a Juliana Guerrero en audio de 41 segundos
Esta conversación sugiere una manipulación deliberada de los criterios de asignación de protección para beneficiar a Guerrero, quien ya había renunciado el 27 de julio a su cargo en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar. La situación llevó al sindicato de la UNP a denunciar formalmente posibles delitos en la asignación del esquema, señalando directamente al director Augusto Rodríguez Ballesteros, al presidente Gustavo Petro y a la asesora Nancy Yolima Rumie Guevara. La denuncia fue dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Juliana Guerrero, quien llegó a ocupar un viceministerio gracias a títulos falsificados, fue acusada formalmente por la Fiscalía el pasado 9 de septiembre. Tras llegar a un acuerdo con la justicia, recibió una pena de tres años de cárcel, cuya suspensión anticipada está pendiente de definición. Mientras tanto, el esquema de seguridad que costó 739 millones de pesos a los colombianos ya le fue retirado, justo cuando la joven comparece ante los estrados judiciales para responder por sus actos. La revelación de Blanco no solo expone el dispendio de recursos públicos, sino que abre interrogantes sobre cuántos otros esquemas similares fueron otorgados bajo criterios políticos más que de seguridad real.
