El Capitolio Nacional fue escenario este martes 29 de septiembre de 2026 de la firma del Acuerdo Institucional por la Transparencia, un pacto suscrito por el Congreso de la República, el Ejecutivo y los órganos de control del Estado colombiano con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre la contratación pública y garantizar el acceso ciudadano a la información estatal. La ceremonia, que se desarrolló en el marco de la Semana de Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, contó con la presencia del presidente del Congreso, Honorio Henríquez; el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; el procurador general, Gregorio Eljach; así como representantes de la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Asocapitales, la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.
El acuerdo responde directamente a las crecientes demandas ciudadanas por detener las irregularidades en la administración pública y combatir la corrupción. Durante su intervención, Honorio Henríquez destacó que “estamos ante una suma de voluntades por Colombia”, y subrayó que el convenio es producto del consenso institucional encaminado a resolver las preocupaciones de la gente frente a hechos de corrupción que “todos rechazamos y que no pueden normalizarse”. El presidente del Congreso recordó que una tercera parte de los colombianos considera la corrupción como uno de los principales problemas del país, “y esa realidad nos exige brindar resultados concretos”.
Los compromisos del Acuerdo
El pacto consta de once compromisos fundamentales que buscan transformar la gestión pública en todos los niveles. Entre ellos se destacan la publicación proactiva de datos abiertos sobre contratos y licitaciones, la trazabilidad en tiempo real de los recursos públicos, la implementación de alertas tempranas para detectar sobrecostos e inconsistencias, la protección a denunciantes de actos de corrupción, programas de formación en ética pública, el impulso a veedurías comunitarias y la conformación de una Mesa Técnica de Seguimiento que sesionará como mínimo dos veces al año y rendirá informes públicos sobre los avances.
La Procuraduría General de la Nación asumió compromisos específicos en materia de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Transparencia, fortalecimiento del ejercicio disciplinario con debido proceso, acciones preventivas y estándares de control interno. Gregorio Eljach, procurador general, manifestó durante la firma: “Mis votos son porque este documento no termine en un archivo, sino en la vida cotidiana de la Administración Pública”. La idea central, según Henríquez, es que “se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos. La información no le pertenece a una institución, le pertenece a todos los ciudadanos”.
“¿Qué buscamos? Que se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos. La información no le pertenece a una institución, le pertenece a todos los ciudadanos”.
Honorio Henríquez, presidente del Congreso de la República
Además, se potenciarán las capacidades del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) como puente entre la academia, el Congreso y las regiones. Henríquez también anunció la implementación de fichas pedagógicas en lenguaje sencillo para cada proyecto de ley aprobado, con el fin de democratizar el conocimiento legislativo y facilitar que los ciudadanos comprendan el alcance de las normas. Con esta firma, las instituciones se comprometen a no dejar el documento en un archivo, sino a trasladarlo a la vida cotidiana de la administración pública, tal como lo pidió el procurador.
