La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, denunció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha gastado un total de 170.735 millones de pesos colombianos en arrendamientos, una cifra que, según la congresista, revela un “derroche” de recursos públicos. La denuncia, difundida a través de su cuenta en la red social X, incluye capturas de pantalla de documentos oficiales y detalla que este monto corresponde a dos contratos: el primero, por la sede principal ubicada en el edificio Torre Squadra, en la carrera Séptima con calle 63 de Bogotá, que suma 160.005 millones de pesos entre 2017 y 2026; y el segundo, por una nueva sede contratada en 2024 en la calle 26 de la misma ciudad, por 10.730 millones de pesos para el período 2024-2026.
La investigación de Posada se produce en medio del debate por el recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos que el Gobierno nacional propuso para la JEP en 2027, medida que ha generado malestar en el tribunal de paz. La senadora, quien ya había publicado el 25 de septiembre de 2026 una revisión de los gastos en viajes internacionales de la entidad, sostiene que la JEP incrementó su nómina de manera desproporcionada para justificar la apertura de una segunda sede. Según los documentos que exhibe, la planta de personal proyectada inicialmente era de 1.057 personas, pero en 2024 ya alcanzaba los 1.455 cargos, un aumento de 398 puestos. La JEP argumentó que ese crecimiento obligaba a ubicar a 402 funcionarios sobrantes de la Unidad de Investigación en un nuevo inmueble, lo que, en opinión de Posada, evidencia una “dinámica perversa” con los dineros estatales.
Críticas a la gestión de recursos en la JEP
La senadora del Centro Democrático cuestionó que la JEP haya abandonado el objetivo inicial de operar desde una única sede, tal como lo planteó en 2017 la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco cuando justificó la elección del costoso edificio Torre Squadra. En ese momento, la agencia descartó inmuebles más económicos que exigían distribuir oficinas en varios edificios, precisamente para mantener la unidad del tribunal de paz creado tras el Acuerdo de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC. “Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado”, afirmó Posada, quien consideró que el crecimiento de la nómina fue deliberado para justificar la contratación de la nueva sede.
“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para. Además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017-2026, incluyendo los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones entre 2024-2026”.
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático.
Posada añadió que la JEP argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede. Sin embargo, la congresista calificó esta justificación como parte de una “dinámica perversa” en la que, según ella, “dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede”. La senadora también cuestionó que, pese a estos gastos, el tribunal haya criticado abiertamente el recorte presupuestal propuesto por el Gobierno para 2027. “Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de 170.000 millones para 2027”, sentenció Posada.
La denuncia de la senadora se da en un contexto de creciente escrutinio sobre las finanzas de la JEP, que enfrenta cuestionamientos tanto de sectores políticos como de organismos de control. Mientras el Gobierno nacional insiste en la necesidad de ajustar el gasto público, la JEP defiende su operación como fundamental para la implementación del acuerdo de paz. Por ahora, las cifras reveladas por Posada han reavivado el debate sobre la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos destinados a la justicia transicional en Colombia.
