El juez 27 penal municipal de Medellín suspendió la audiencia que define la situación jurídica de Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, investigados por presuntas irregularidades en contratos que suman 17.656 millones de pesos. La diligencia, que había iniciado el martes 29 de septiembre de 2026 a las 2:25 de la tarde, se aplazó luego de que la defensa de Ortega intervenir para cuestionar la solidez de las pruebas presentadas en su contra, y será reanudada el viernes 2 de octubre del mismo año a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la defensa de Ortega argumentó que de las 47 pruebas presentadas por el apoderado de las víctimas, solo dos mencionan a su representado, y lo hacen «de manera vaga». Además, cuestionó que un número telefónico vinculado a un grupo de WhatsApp denominado «Amigos» no pertenece a Ortega, y señaló que no existe un vínculo verificable entre esa línea y el imputado. La defensa pidió al juez no imponer una medida de aseguramiento, alegando que no existen elementos materiales probatorios suficientes ni verificación individual que sustenten una inferencia de participación de Ortega o una restricción de su libertad.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022, por un valor total de 17.656 millones de pesos. De ese monto, la Fiscalía estima una apropiación presunta de 2.481 millones de pesos, provenientes de presuntas coimas, y señala a Quintero, Ortega y al exsubdirector del Área Metropolitana, Álvaro Villada. En el caso concreto de Ortega, el beneficio atribuido asciende a 133,3 millones de pesos.
Frente a estas cifras, la Fiscalía solicitó detención carcelaria para Quintero, mientras que para Ortega no pidió medida, aunque el apoderado de las víctimas sí lo hizo. La defensa de Quintero también cuestionó el manejo de información por parte de la Fiscalía y solicitó la exclusión de determinadas pruebas. Sin embargo, la Fiscalía, el apoderado de las víctimas y el Ministerio Público pidieron al juez negar esa solicitud, defendiendo la validez del material probatorio.
En el proceso también figuran otros implicados, como Vanesa Álvarez, exasesora jurídica investigada por interés indebido; Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana; y Misael Cadavid, exgerente de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En total, son 11 personas investigadas por los delitos de interés indebido en contratos y peculado por apropiación agravada. La decisión del juez, prevista para el viernes 2 de octubre, definirá si se imponen medidas de aseguramiento y si se excluyen pruebas, en un caso que ha captado la atención por las cuantiosas sumas involucradas y la red de presuntos responsables.
