La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por la defensa del excongresista Wadith Manzur, quien permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión, adoptada el pasado 29 de septiembre por la magistrada ponente Paula Andrea Ramírez Barbosa, resolvió desfavorablemente el control de legalidad formal y material que buscaba dejar sin efecto la medida de aseguramiento carcelaria impuesta en su contra.
La defensa de Manzur había solicitado la aplicación del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, argumentando que la Corte había decidido en julio de 2025 no imponer medida de aseguramiento y que esa decisión no podía ser modificada. Sin embargo, la Sala Especial consideró que no se demostraron irregularidades en la detención y que el riesgo de que el excongresista contactara a testigos justificaba mantener la privación de la libertad. El alto tribunal también recordó que en nuevas etapas del proceso la situación puede ser revisada, por lo que rechazó los argumentos expuestos por la defensa.
Las acusaciones contra Manzur
Manzur es investigado por presuntos actos de corrupción en la Ungrd durante 2023, cuando se desempeñaba como miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según el expediente, el excongresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favores y habría llegado a acuerdos para impulsar contratos de interventoría en tres proyectos ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar. Estas acusaciones llevaron a que la medida de aseguramiento carcelaria fuera impuesta el 11 de marzo de 2025, quedando Manzur recluido inicialmente en la Escuela de Carabineros y luego trasladado a la cárcel La Picota el 17 de septiembre pasado, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En la misma providencia, la Sala Especial resolvió la coadyuvancia presentada por la defensa de Karen Astrith Manrique Olarte, quien también está vinculada al caso. La Corte falló en los términos de su solicitud, sin que ello afecte la medida de aseguramiento que pesa sobre Manzur. La defensa del excongresista había pedido además que se tuvieran en cuenta cambios posteriores, como el fin del periodo legislativo 2022-2026 y la actual situación de Manzur como funcionario, pero la Corte señaló que esos aspectos no podían ser analizados en el marco de este control de legalidad y que deben ser tramitados a través de otros mecanismos procesales.
La decisión de la Corte Suprema es inapelable, según lo establece el propio artículo 392 de la Ley 600 de 2000. Con esta negativa, el excongresista continuará recluido en La Picota a la espera de que avance el proceso en su contra, mientras el alto tribunal reitera la necesidad de mantener las medidas restrictivas de la libertad en casos de alto impacto por corrupción.
