El abogado de Wadith Manzur, congresista electo del Partido Conservador que permanece detenido en la Cárcel La Picota de Bogotá, presentó una queja formal ante la Unión Interparlamentaria Internacional (UIP) al considerar que se le están vulnerando sus derechos políticos, pues pese a haber obtenido más de 130.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y a estar bajo custodia del Estado, no ha podido posesionarse como senador de la República. La denuncia fue radicada ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP por el abogado Víctor Mosquera, quien asegura que al congresista electo se le negaron todas las alternativas propuestas para prestar juramento.
La situación judicial de Manzur se remonta a tres días después de los comicios, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro. Desde entonces permanece recluido, inicialmente en la Estación de Carabineros de la Policía en el norte de Bogotá y luego en La Picota. El 20 de julio de 2026, fecha en la que se instalaba el nuevo Congreso, no pudo posesionarse, y el pasado 29 de septiembre la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, negó su solicitud de libertad, decisión que la defensa considera desproporcionada al no existir una condena vigente.
La defensa alega vulneración de la presunción de inocencia
Para el equipo jurídico de Manzur, la negativa a permitir su posesión como senador desconoce principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a ejercer cargos públicos. En declaraciones al medio Semana, el abogado Víctor Mosquera fue enfático al señalar que la situación del congresista electo es insólita. «Estando bajo custodia del Estado, le fueron negadas todas las alternativas propuestas para prestar juramento y posesionarse como Senador de la República», afirmó el jurista, quien insiste en que la detención preventiva no puede convertirse en una condena anticipada.
«Hoy enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado que podría despojarlo de su mandato y de sus derechos políticos, y privar a sus electores de la representación que eligieron en las urnas»
Víctor Mosquera, abogado de Wadith Manzur
La Corte Suprema, por su parte, validó la nueva medida de aseguramiento argumentando el riesgo que representa el congresista para el proceso, así como la necesidad de proteger pruebas y testimonios, incluido el posible contacto con la testigo Alejandra Benavides Soto. Los magistrados respondieron a la defensa que la situación jurídica de Manzur sí puede revisarse en fases avanzadas del proceso, pese a que los abogados alegaron que la misma no podía modificarse tras una decisión de julio de 2025. La investigación gira en torno a presuntos actos de corrupción en 2023, cuando el conservador integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, por posibles acuerdos para impulsar contratos de obras en la Ungrd en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Mientras tanto, la Unión Interparlamentaria Internacional ya solicitó información al Congreso colombiano, a la Corte Suprema y al Consejo de Estado sobre las razones que han impedido la posesión del senador electo, aunque hasta el momento el legislativo no ha dado respuesta. La queja internacional se suma a la demanda de pérdida de investidura que cursa en el Consejo de Estado, un escenario que, de prosperar, dejaría sin efectos la votación de más de 130.000 ciudadanos que eligieron a Manzur como su representante en la Cámara Alta. El caso sigue generando un intenso debate sobre los límites de la detención preventiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de quienes aún no han sido condenados.
