La bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá anunció que presentará una demanda de nulidad contra la reforma tributaria aprobada en el cabildo distrital, conocida como el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, inmediatamente después de que el alcalde Carlos Fernando Galán la sancione. Los concejales José Cuesta Novoa, Heidy Sánchez y Angelo Schiavenato, quienes se opusieron durante todo el trámite legislativo, argumentan que existieron vicios en el proceso que vicia de origen el acuerdo. La acción judicial se interpondrá ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se fundamenta en tres causales: expedición irregular, violación de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.
Según denunciaron los cabildantes, durante el trámite en comisión y plenaria se presentaron múltiples irregularidades que afectaron la transparencia de la votación. El concejal Angelo Schiavenato señaló que la transmisión en vivo por YouTube fue interrumpida deliberadamente, mientras que se acumularon indebidamente dos proyectos de acuerdo, uno de los cuales fue presentado por un concejal sin competencia para proponer exenciones tributarias ni aumentos de impuestos. Además, denunció que las ponencias fueron repartidas el mismo día sin que se manifestaran sobre el otro proyecto acumulado. Por su parte, Heidy Sánchez afirmó que las proposiciones supresivas, sustitutivas y aditivas no eran sometidas a votación cuando la administración las rechazaba, lo que calificó como una violación al debido proceso legislativo.
Los argumentos contra la reforma
Los concejales del Pacto Histórico aseguran que la reforma beneficia desproporcionadamente a grandes actores económicos mientras perjudica a los más vulnerables. José Cuesta Novoa fue contundente al afirmar que «con esa reforma tributaria solamente ganaron las multinacionales, los bancos y las constructoras, entre ellas Amarilo y Cusezar. Pierden las micro, pequeñas y medianas empresas, pierde la economía popular y, por supuesto, pierden los moradores históricos». El concejal también criticó la actitud de la mayoría del Concejo, al que calificó como «arrodillado a Galán, gracias a una política de acuerdos burocráticos y de enmermelamiento».
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 41 del acuerdo, que según Heidy Sánchez «crea una suerte de nuevo tributo. No tiene en cuenta el avalúo comercial para el pago de plusvalías, sino que toma el avalúo catastral y hace voluntario el pago de plusvalía». La concejala también alertó que el grupo de «otras actividades» del proyecto incluye 118 actividades económicas y abarca a más de 57.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que se verían afectadas por el nuevo esquema tributario.
«En el momento en que el señor Carlos Fernando Galán sancione el acuerdo, inmediatamente lo demandaremos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca»
José Cuesta Novoa, concejal del Pacto Histórico
Las cifras de la reforma y el frente judicial
La reforma tributaria, presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda, contempla un recaudo adicional estimado de 1,08 billones de pesos al año y busca atraer inversión privada por 78,3 billones de pesos en los próximos diez años, con la generación de 215.000 empleos en ese mismo período. Entre los cambios más relevantes, se reduce la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para 275 actividades económicas, mientras que aumenta para 169, y el esquema de tarifas pasa de 13 a 9. Además, el artículo 5 establece exenciones tributarias para edificios de hasta 50 unidades habitacionales destinados completamente al arriendo especializado. La administración distrital defiende que la medida modernizará el recaudo, impulsará la inversión y permitirá recursos para el alumbrado público, pero los opositores advierten que la eventual demanda no suspende automáticamente los efectos del acuerdo. Cualquier medida cautelar dependerá de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que varias disposiciones entrarían en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.
Heidy Sánchez informó que solicitó la devolución del proyecto para corregir las irregularidades, pero la plenaria no acogió su solicitud. La bancada del Pacto Histórico, conformada por solo tres concejales en el Cabildo distrital, promete mantener la oposición judicial y política a una reforma que consideran lesiva para la mayoría de los bogotanos. El anuncio abre un nuevo frente legal contra el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, que deberá ser resuelto por los tribunales administrativos.
