El representante legal del Consorcio Fundación 2020, Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, explicó que el megapenal de máxima seguridad «Renacer», ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, acumula un retraso de 49 meses en su entrega, atribuyendo las demoras a una combinación de factores que van desde cambios en los planos originales hasta un atentado terrorista y la falta de recursos del Gobierno Nacional. La obra, cuyo contrato fue adjudicado el 20 de diciembre de 2019 con una entrega prevista para septiembre de 2022, apenas alcanza un 88% de avance y su apertura se ha aplazado hasta el primer semestre de 2027. El consorcio contratista está integrado por Construcción Con-Unión Ltda. (50%), Meyan S.A. (20%), AMR Construcciones S.A.S. (15%) y Constructora Amco (15%).
Según Muñoz Rodríguez, las causas del retraso son múltiples e incluyen la modificación de los estudios y diseños que originalmente entregó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), los extensos trámites para obtener permisos de agua y ambientales, así como el proceso de consulta previa con comunidades indígenas. A esto se sumaron problemas de flujo de caja durante el gobierno de Gustavo Petro, quien según el contratista afirmó que «no había ni un peso para cárceles», lo que generó atrasos en los desembolsos mensuales necesarios para ejecutar el contrato. La situación se agravó con un atentado terrorista atribuido al Clan del Golfo en septiembre de 2023 y las constantes intimidaciones contra los trabajadores, lo que llevó a la suspensión de las obras durante 14 meses, cuando el avance era apenas del 28%.
Adiciones presupuestales y críticas de la Contraloría
El valor inicial del contrato, que ascendía a 183.630 millones de pesos, ha sufrido un incremento del 57,6% tras tres adiciones contractuales sucesivas. Muñoz Rodríguez justificó estos aumentos señalando que «nos estaban pidiendo la construcción de dos espacios destinados a talleres de resocialización», lo que implicó ajustes en el presupuesto. Además, el consorcio ha solicitado 43.000 millones de pesos adicionales para la dotación y operación del penal, una partida que, según el representante legal, «no ha sido aprobada, está en trámite» y hace parte del anteproyecto presupuestal de 2026. Sin embargo, la Contraloría Delegada identificó «debilidades sustanciales en la planeación integral» del proyecto, y la Corte Constitucional cuestionó que la Uspec constituyera el rezago de 2024 bajo la modalidad de «valor líquido cero», advirtiendo sobre la falta de correctivos en la coordinación presupuestal con el Ministerio de Hacienda. El expediente remitido por la Uspec al alto tribunal indicó que los incrementos de costos carecían de especificación técnica y financiera documentada.
«Garantizar todos esos trámites tomó tiempo»
Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, representante legal del Consorcio Fundación 2020
A pesar del significativo retraso, no se han impuesto multas al contratista. Muñoz Rodríguez consideró que el pronunciamiento de la Corte Constitucional ayudó a impulsar los desembolsos requeridos, y recordó que «la Uspec accedió a la solicitud» de suspender el contrato por falta de recursos. El proyecto, que forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional contra las estructuras criminales, enfrentó además daños en la vía de acceso entre el terreno y la Ruta del Sol por causa de las lluvias, lo que afectó la logística. Un informe de la Defensoría del Pueblo vinculó una suspensión de la obra al atentado terrorista del Clan del Golfo contra trabajadores y la interventoría. Con capacidad para 1.974 cupos, el penal Renacer sigue siendo una obra inconclusa que, pese a los 49 meses de demora y los constantes obstáculos, el contratista asegura estará lista para 2027, aunque persisten las dudas sobre la disponibilidad de los recursos necesarios para su culminación y puesta en marcha.
