El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Resolución 215 firmada por el consejero comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo. La medida, que quedó en firme la noche del martes 29 de septiembre, establece que la salida física de los excombatientes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) se ejecutará en un plazo de 24 horas, desde las 00:00 del jueves 1 de octubre hasta las 00:00 del viernes 2 de octubre. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, solicitó a un juzgado frenar la decisión, advirtiendo una presunta violación de derechos fundamentales.
De acuerdo con la resolución, la Consejería Comisionada de Paz deberá entregar al Ministerio de Defensa Nacional un registro individualizado de las personas habilitadas para permanecer en la zona, previa verificación de antecedentes en las bases de datos de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación. Solo podrán participar quienes no tengan órdenes de captura ni requerimientos vigentes en sistemas oficiales de consulta pública. Se conformará una comisión humanitaria de acompañamiento que, según el texto oficial, operará “en condiciones de dignidad, seguridad y respeto por los derechos de las personas”, aunque su funcionamiento será exclusivamente humanitario, operativo y temporal, sin sustituir ni reactivar la Mesa de Diálogos de Paz ni el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Al menos 62 personas debían salir del lugar según el plan de cierre, y quienes sean reconocidos como desmovilizados y acreditados podrán solicitar, tras abandonar la zona, el inicio o la continuidad de su proceso ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, que está a cargo del juez Carlos Alexander Coral Cuatín, quien el 24 de septiembre decretó una medida provisional que suspendió transitoriamente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre, la cual ordenaba la terminación de la zona. En su fallo, el juez decidió “suspender de manera transitoria los efectos Resolución N° 389 del 09 de septiembre de 2026, esto es, lo atinente a la terminación de la Zona de Ubicación Temporal denominada ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez’”. La defensora Iris Marín Ortiz pidió al juzgado precisar que esa suspensión también abarca cualquier actuación administrativa u operativa que busque sacar a las personas de la zona, y solicitó suspender el artículo segundo de la Resolución 215 para los cobijados por la medida cautelar.
“La salida física de la zona, sin las condiciones mínimas de garantía de derechos fundamentales que hemos exigido reiteradamente y a través de distintos medios a las autoridades competentes y demandadas, equivale materialmente a la terminación de la ZUT-ZOCIUT”.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
La Defensoría reclamó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Consejería Comisionada de Paz garanticen de forma ininterrumpida salud, transporte seguro, protección, comunicación, alimentación y servicios públicos básicos para quienes continúen concentrados en Valle del Guamuez. Además, denunció que no fue convocada a integrar la comisión humanitaria con menos de 24 horas de antelación. La ZUT fue autorizada inicialmente por el Gobierno para concentrar a integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de paz. Un juzgado de Valle del Guamuez ya había rechazado la nulidad presentada por la Presidencia y mantenía la suspensión de la zona, en medio de una controversia judicial que pone en vilo el futuro de los excombatientes y el proceso de paz en la región.
