El expresidente Gustavo Petro arremetió contra el Decreto 1446 de 2026, suscrito por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, que asigna al Consejo de Estado el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela presentadas contra el jefe de Estado por actuaciones u omisiones en ejercicio de sus funciones constitucionales. Para Petro, la nueva norma revive el esquema implementado durante el gobierno de Iván Duque y representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales, al concentrar en un solo tribunal estos procesos. El anuncio se da en el marco de la modificación de los artículos del Decreto 1069 de 2015, que regulan el reparto de las tutelas en el país, y que ahora establecen que, por «fuero de atracción», si la acción involucra al presidente junto con otras autoridades o particulares, el expediente se asigne al Consejo de Estado.
El decreto reemplaza la regla vigente desde el gobierno Petro, contenida en el Decreto 799 de 2025, que enviaba estos casos a los jueces de circuito, y restablece el criterio del Decreto 333 de 2021, expedido bajo la administración Duque, que centralizaba dichas tutelas en la alta corte contenciosa. El ministro Cancino defendió la medida al asegurar que no se altera la estructura de la tutela, pues el Consejo de Estado es «un órgano independiente, absolutamente transparente y del máximo respeto». Sin embargo, desde la oposición y el ámbito académico las críticas no se hicieron esperar, como la del decano de Derecho de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, quien señaló que la norma modifica indebidamente las reglas de reparto y desconoce la competencia a prevención establecida en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Choque de posturas frente al fuero de atracción
La controversia gira en torno a la justificación del gobierno, que defiende la centralización bajo el criterio de «fuero de atracción», pero para el expresidente Petro se trata de un regreso al sistema de Duque que podría alterar el reparto de los casos y restringir el acceso a jueces competentes. En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, Petro fue contundente: «Firmé el decreto que permite a cualquier juez tutelar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano si el presidente de la república los vulnera, ahora vuelven al sistema de Duque, hacer unos magistrados amigos para violar esos derechos». La declaración refleja la desconfianza del exmandatario hacia la medida, que considera un paso atrás en materia de garantías judiciales.
El ministro Cancino, por su parte, respondió a las críticas y explicó el alcance de la norma. «No, realmente hay que hacer muchas reformas a la tutela, no en su estructura. Es el elemento más importante para resolver, sostener y defender los derechos fundamentales desde la Constitución de 1991», afirmó, y agregó: «Eso quiere decir que, si la tutela involucra a cualquier persona, pero también al presidente de la República, la conocerá el Consejo de Estado». Las declaraciones buscan aclarar que la medida solo aplica cuando el presidente es parte del proceso, pero no convencen a sectores que ven en el decreto una forma de limitar el acceso a la justicia.
«Vuelve y juega, lo mismo que antes. Continúan los excesos de los presidentes de Colombia en materia de reparto de acciones de tutela»
Kenneth Burbano, decano de Derecho de la Universidad Libre
El decreto conserva la regla general para las tutelas contra organismos, entidades y autoridades públicas del orden nacional, que siguen en jueces de circuito o de igual categoría, y solo excepciona los casos relacionados con planes, decisiones administrativas, políticas o estrategias de erradicación de cultivos ilícitos, que continúan en los jueces de circuito. La norma se apoya en el artículo 189 de la Constitución, que define las atribuciones presidenciales, y modifica el Decreto 1069 de 2015, específicamente en lo relacionado con el reparto de las acciones de tutela. Mientras tanto, el debate jurídico y político queda abierto, con posturas que van desde la defensa de la independencia del Consejo de Estado hasta la advertencia sobre un posible uso estratégico de la norma para concentrar los procesos en un solo tribunal, en detrimento de la descentralización judicial que ha caracterizado la acción de tutela desde su creación.
