La Procuraduría General de la Nación trasladó un informe disciplinario en contra de la Nueva EPS por la presunta «interrupción injustificada del tratamiento» que habría causado la muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia A severa y que falleció el 13 de febrero de 2026 mientras esperaba la atención que requería. El documento, firmado digitalmente por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, fue remitido el 17 de marzo a los procuradores delegados para la vigilancia administrativa, con el propósito de evaluar una posible «omisión administrativa grave» en la prestación del servicio de salud al menor, quien se encontraba afiliado al régimen subsidiado.
El caso de Kevin Acosta ocurrió en medio de la intervención estatal que atraviesa la Nueva EPS y durante el gobierno de Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud. La Procuraduría actuó en el marco de sus funciones preventivas y de control de gestión para defender el derecho fundamental a la salud, tras recibir el informe que también incluye anexos con las respuestas de la Nueva EPS, Integral Solutions IPS y Medicarte IPS, entidades vinculadas a la atención del menor. La representación de víctimas, encabezada por los abogados Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, ha señalado que la interrupción del tratamiento generó un riesgo vital que se materializó en la muerte del niño.
La investigación disciplinaria y las declaraciones del abogado
El abogado de la familia, Wilson Ruiz, dio a conocer el documento de la Procuraduría el miércoles 30 de septiembre y no dudó en calificar la situación como de extrema gravedad. «¡Esto es gravísimo!», expresó el jurista, quien además precisó el contenido de la valoración disciplinaria. En su intervención, Ruiz aseguró que el informe evidencia una «interrupción injustificada de su tratamiento hasta el día de su fallecimiento y que esa situación generó un riesgo vital que terminó materializándose». El abogado también se refirió a la posible falta de la Nueva EPS como una «omisión administrativa grave», concepto que sustenta la solicitud de apertura de investigación disciplinaria contra la entidad intervenida.
«Una interrupción injustificada de su tratamiento hasta el día de su fallecimiento y que esa situación generó un riesgo vital que terminó materializándose»
Wilson Ruiz, abogado de la familia de Kevin Acosta
Además del proceso disciplinario en la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal por los hechos que rodearon la muerte del menor. En ese marco, el ente acusador solicitó la imputación de cargos por homicidio culposo contra cuatro personas, entre ellas Luis Óscar Galves Mateus, agente interventor de la Nueva EPS. La familia del niño también ha denunciado que información protegida de la historia clínica de Kevin fue expuesta públicamente, una situación que ha agravado el dolor de los allegados y que forma parte de las irregularidades que se investigan alrededor del caso.
En paralelo, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo fue citado por la Fiscalía a una audiencia de conciliación el pasado 14 de septiembre, dentro de una indagación por presunta revelación de secreto relacionada con la historia clínica del menor. Los abogados de la familia, Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, también solicitaron abrir investigación penal contra el exfuncionario por homicidio culposo. Con el traslado del informe de la Procuraduría, se abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para Kevin Acosta, mientras se espera que las autoridades determinen si la interrupción injustificada de su tratamiento fue la causa directa de su fallecimiento y si la Nueva EPS deberá responder disciplinaria y penalmente por ello.
