En una diligencia judicial adelantada el domingo 27 de septiembre de 2026, la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con el respaldo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades especializadas en anticorrupción y delitos cibernéticos, allanó la sede de Activos por Colombia en Barranquilla. El operativo, que contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, se produjo después de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) denunciara presunta manipulación de sistemas informáticos y ocultamiento de información. Durante la diligencia fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a peritajes forenses para determinar si hubo daños informáticos, eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos u otra información institucional.
La denuncia, instaurada por la presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo Vélez, apunta a posibles hechos de corrupción cometidos por la administración anterior de Activos por Colombia. Según la investigación, se habría alterado o borrado información sensible relacionada con la gestión de bienes incautados. Un juez de control de garantías declaró la legalidad formal y material del procedimiento, que busca establecer responsabilidades penales y determinar el alcance de la presunta manipulación de los registros digitales de la sociedad.
Un convenio millonario bajo la lupa
El allanamiento ocurre en medio de cuestionamientos por un convenio suscrito en 2025 entre la SAE y Activos por Colombia por 16.725 millones de pesos, revelado en mayo de 2026. A través de esa plataforma se habrían realizado operaciones mediante subastas por más de 100.000 millones de pesos, con recursos distribuidos a más de 40 entidades del Estado. Además, se calcula que la plataforma administró más de 38.000 inmuebles, lo que convierte este caso en uno de los más relevantes en materia de gestión de activos públicos.
Al referirse al caso, Diana Patricia Bravo Vélez fue enfática al señalar que “estos actos propios de corrupción están siendo investigados”. En sus declaraciones, la funcionaria también reveló que la SAE había advertido sobre “una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional”.
“Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones. Nuestra instrucción es clara: preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”
Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE
El gerente de Activos por Colombia, Abraham Antonio Katime Orcasita, ha estado en el centro de la controversia no solo por el convenio, sino por su abierto respaldo público al senador Iván Cepeda y al Pacto Histórico, expresado a través de publicaciones en redes sociales en defensa del petrismo. Esos gestos han generado interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la administración de bienes incautados, un asunto que ahora también hace parte de la revisión que adelantan las autoridades.
Mientras avanza la investigación, la SAE ha insistido en que los activos y la información bajo su administración son patrimonio público y que no permitirán que se interfiera en el curso de la justicia. Los análisis forenses de los equipos incautados serán clave para verificar la magnitud de los daños informáticos y para identificar a los responsables de una presunta maniobra destinada a ocultar el rastro de millonarias operaciones sobre bienes del Estado.
