La Procuraduría General de la Nación cerró la indagación previa por la denuncia de espionaje presentada por Andrés Idárraga Franco, quien se desempeñaba como Ministro de Justicia encargado, y concluyó que no halló pruebas que vinculen al Ministerio de Defensa ni al Ejército Nacional con el uso del software israelí Pegasus para extraer información de su teléfono móvil. La decisión, aprobada el 19 de agosto de 2026 por la Sala Disciplinaria de Instrucción, puso fin a una investigación que se activó luego de que Idárraga denunciara públicamente en enero de ese mismo año que él y su familia habían sido seguidos, presuntamente bajo órdenes del Ministerio de Defensa y de estructuras de contrainteligencia militar.
Investigación sin hallazgos contra el Ministerio de Defensa y el Ejército
Durante la indagación, el ente de control revisó las certificaciones entregadas por el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. Todas estas dependencias señalaron que no tienen, no han tenido ni adquirieron el software Pegasus, un programa de origen israelí diseñado para extraer información de dispositivos móviles. Asimismo, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa analizaron el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) correspondiente al año 2025 y no encontraron apropiaciones presupuestarias destinadas a actividades de espionaje contra funcionarios públicos.
La Procuraduría también verificó las órdenes de operaciones de inteligencia y contrainteligencia emitidas durante el período investigado, sin que se encontrara ninguna misión de trabajo que mencionara a Andrés Idárraga como objetivo. La ausencia de registros financieros y operativos llevó a la Sala Disciplinaria de Instrucción a cerrar la indagación previa por falta de pruebas que sustentaran la denuncia inicial. El caso, que involucró a las más altas esferas de la defensa y la seguridad nacional, queda así sin responsables disciplinarios, aunque no se descartan otras instancias judiciales.
