La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución que había proferido en primera instancia el Juzgado 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y condenó al abogado penalista Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión, así como al pago de una multa superior a los 1.750 millones de pesos, al hallarlo responsable del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, tipificado en el artículo 454B del Código Penal colombiano. La decisión, adoptada de manera unánime bajo el radicado CUI 11001600005020171063701, tuvo como magistrado ponente a Jorge Eliécer Cabrera Jiménez y ordenó la emisión inmediata de la orden de captura en contra del procesado, al tiempo que determinó improcedente la prisión domiciliaria. Los hechos ocurrieron mientras Martínez permanecía retenido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Barranquilla por otro caso relacionado con soborno en actuación penal, y consistieron en la manipulación de un teléfono BlackBerry que el abogado escondió en el cielo raso del baño de la URI, fracturó su chasis y partió la tarjeta SIM para impedir la extracción de información.
La investigación estableció que Martínez Pumarejo, quien defendía a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, aprovechó un descuido de la guardia para ingresar al baño de la URI y ocultar el dispositivo, con el objetivo de evitar que los archivos digitales y registros de llamadas del teléfono fueran extraídos técnicamente, pues podían contener información relevante para la investigación del homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Sin embargo, el plan se descubrió cuando un custodio del CTI sorprendió al abogado, quien en ese momento le ofreció 100 millones de pesos para que permitiera destruir la evidencia y no dejara constancia en los libros de minuta. La primera instancia había absuelto al procesado alegando atipicidad objetiva, pero la Fiscalía, la parte querellante, representada por la firma Abelardo de la Espriella a través de la abogada Natalie Arteta, y el Ministerio Público apelaron la decisión, y la Sala Penal del Tribunal acogió sus planteamientos para declarar la responsabilidad del abogado.
Un historial judicial marcado por los sobornos
La condena conocida ahora no es la única que ha enfrentado Martínez Pumarejo, pues en 2013 fue grabado y capturado entregando 250 millones de pesos a Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, exjefe paramilitar recluido en la cárcel La Picota, para que cambiara su testimonio y desligara a Silvia Gette de la investigación por el homicidio de Fernando Cepeda. Por ese caso, el abogado ya había sido condenado por soborno en actuación penal, lo que demuestra un patrón de conducta que lo ha llevado a ser vinculado constantemente a escándalos de corrupción en la Rama Judicial, sin ejercer cargos públicos o políticos. Su notoriedad mediática creció aún más cuando representó a Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, quien estuvo vinculado al proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Con esta nueva decisión judicial, el Tribunal no solo revocó la absolución, sino que dejó en evidencia el uso de estrategias ilegales para obstruir la justicia, al punto de intentar comprar la silencio de un custodio para evitar que la evidencia fuera presentada ante los estrados judiciales.
El fallo de segunda instancia, además, subraya la gravedad de la conducta, pues la manipulación de un elemento material probatorio como el teléfono BlackBerry no es un hecho aislado, sino una acción deliberada para sustraer información de un proceso penal de alto impacto. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla no solo impuso la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, sino que dejó sin posibilidades de beneficios al condenado, quien deberá cumplir la sentencia en su totalidad. La orden de captura inmediata fue emitida tras considerarse que la prisión domiciliaria no era procedente, lo que significa que Martínez Pumarejo deberá responder por sus acciones desde un centro penitenciario, mientras continúa sumando procesos en su contra por su reiterada participación en actos de corrupción dentro del sistema judicial colombiano.
