El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, defendió este jueves el borrador de modificación del Decreto 003 de 2021, que reglamenta la protesta social en Colombia, al asegurar que el nuevo proyecto permitirá una intervención inmediata de la fuerza pública ante actos violentos sin que esto implique suspender el diálogo con los manifestantes. La declaración, emitida a través de su cuenta en la red social X y replicada en declaraciones públicas desde el Ministerio del Interior, busca conciliar el derecho a la movilización con la protección de bienes esenciales como la vida, la salud, la movilidad y los servicios públicos, en un contexto donde los eventos de conflictividad social se han disparado de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025.
El borrador, que consta de 24 artículos y está abierto a comentarios hasta el domingo 4 de octubre, reemplazaría aspectos clave del decreto original expedido en 2021. El Ejecutivo argumenta que el incremento de la conflictividad social en los últimos años hace necesario actualizar el marco normativo para evitar que la protesta pacífica sea instrumentalizada por quienes recurren a la violencia. Lara Restrepo fue enfático en su mensaje: “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, y agregó que “el trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”.
Un modelo progresivo de cinco niveles
El proyecto propone un modelo progresivo de respuesta que contempla cinco niveles: prevención y gestión; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden. Sin embargo, las tres primeras instancias —prevención, diálogo y mediación— podrán omitirse si desde el inicio de la protesta se presentan hechos violentos. La Policía podrá actuar de inmediato contra quienes usen armas de fuego, explosivos, armas cortopunzantes, retengan personas o agredan a terceros, sin condicionar las etapas de diálogo previstas en el Decreto 003. Las autoridades deberán identificar a los delincuentes sin afectar a los manifestantes pacíficos y asegurar los elementos de prueba necesarios para su judicialización.
Como parte de la regulación, las unidades policiales acompañarán las marchas desde una distancia mínima de cuatro metros. Los Puestos de Mando Unificado (PMU) evaluarán la gravedad y duración de los bloqueos viales, y se establece una protección especial para hospitales, aeropuertos, redes eléctricas y corredores de socorro. La concertación se considerará agotada si un bloqueo impide el paso de ambulancias, afecta hospitales, causa desabastecimiento, incluye retenciones de personas, daños a infraestructura o agresiones a periodistas, policías, personal médico o servidores públicos.
«Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye.»
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
La iniciativa, que aún está en fase de consulta pública, busca equilibrar la garantía constitucional de la protesta social con la necesidad de proteger bienes jurídicos esenciales, en un escenario donde la conflictividad social ha crecido de manera exponencial. El ministro insistió en que el objetivo no es limitar la movilización pacífica, sino establecer límites claros frente a actos violentos que afectan a la ciudadanía y que, según el Gobierno, han sido aprovechados por grupos al margen de la ley para generan caos y destrucción.
