Un complejo litigio judicial ha emergido entre la firma de abogados De la Espriella Lawyers, presidida por Abelardo de la Espriella, y Marcela Dangond Fernández de Castro, esposa de Jaime Vives Pinedo, quien está a la espera de su nombramiento como gerente de Coljuegos, la entidad estatal que regula el monopolio de juegos de suerte y azar. La disputa gira en torno a la devolución de 35,7 millones de pesos colombianos que Dangond pagó a la firma para tramitar su divorcio de Vives, proceso que nunca se concretó y que, tras catorce meses sin avances, llevó a la clienta a solicitar la terminación del contrato y el reembolso de los honorarios. La firma se niega a devolver el dinero, argumentando que se trata de una obligación de medio y no de resultado, mientras que Dangond alega incumplimiento y pérdida de confianza tras una tensa reunión con la abogada asignada, Adriana Correa, en octubre de 2025.
El contrato fue firmado el 28 de enero de 2025 entre Marcela Dangond y De la Espriella Lawyers Enterprise, representada inicialmente por Andrés Barreto, quien hoy ocupa la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Posteriormente, la representación pasó a Carlos Sánchez Cortés. La abogada asignada al caso fue Adriana Correa. Según el acuerdo, Dangond pagó los 35,7 millones como honorarios profesionales, pero catorce meses después, al no haberse presentado ninguna demanda ni logrado el divorcio, la clienta decidió dar por terminada la relación profesional. En una comunicación fechada el 13 de marzo de 2026, Dangond solicitó formalmente la devolución del dinero, a lo que la firma respondió negativamente, argumentando que el pago correspondía al compromiso y la disponibilidad profesional asumidos desde la suscripción del contrato, y no a un resultado judicial específico.
El punto central del conflicto radica en la interpretación del contrato: mientras Dangond sostiene que la firma no cumplió con las gestiones mínimas esperadas, la defensa de De la Espriella Lawyers asegura que sí realizó acompañamiento, análisis jurídico, contactos con la contraparte y preparación para la demanda, pero que la estrategia inicial era buscar un acuerdo extrajudicial. La propia cliente, según la firma, habría solicitado en repetidas ocasiones posponer la radicación de la demanda. Sin embargo, Dangond afirma que la falta de avances concretos y una discusión ocurrida en octubre de 2025 con la abogada Correa terminaron por quebrantar la confianza necesaria para continuar la relación profesional.
Las posturas enfrentadas
En los documentos remitidos al juzgado, Marcela Dangond narró con crudeza el episodio que precipitó su decisión. «Ante mi negativa, la doctora Correa reaccionó manifestándome que ‘estaba mal’ y que, por esa razón, desistirían de continuar adelantando el proceso en mi favor, decisión que entiendo corresponde a la determinación adoptada por la firma», afirmó en un escrito. Añadió que «la forma en que se desarrolló dicha conversación, especialmente considerando el estado de vulnerabilidad en el que me encuentro frente a esta situación, terminó por afectar la confianza necesaria para mantener la relación profesional entre abogado y cliente». Por su parte, Carlos Sánchez Cortés, actual representante de De la Espriella Lawyers, respondió al juzgado que «la Firma informa que no procede la devolución de la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($35.700.000) cancelados el 28 de enero de 2025 (…) Dicha suma correspondió, conforme a la Cláusula Tercera del Contrato No. ****, al pago de honorarios profesionales exigible y pagadero al momento de la suscripción del contrato, esto es, como contraprestación por el compromiso y la disponibilidad profesional de la Firma para la gestión encomendada, y no como un anticipo condicionado a la radicación de la demanda o a un resultado judicial específico».
«La Firma informa que no procede la devolución de la suma… Dicha suma correspondió al pago de honorarios profesionales… como contraprestación por el compromiso y disponibilidad profesional».
Carlos Sánchez Cortés, representante de De la Espriella Lawyers, en respuesta al juzgado
La discusión legal se centra, pues, en determinar si el contrato era de medio o de resultado. Los jueces deberán resolver si la firma cumplió efectivamente con sus obligaciones, dado que Dangond presentó al menos tres solicitudes de devolución entre marzo y mayo de 2026, todas rechazadas. Un dato adicional que añade tensión al caso es que Jaime Vives Pinedo, esposo de la demandante, está a la espera de su nombramiento oficial como presidente de Coljuegos, cargo que debe ser designado por el presidente Abelardo de la Espriella, dueño de la firma demandada. Este entramado de relaciones políticas y judiciales pone en el centro del debate no solo una disputa contractual, sino también posibles conflictos de interés.
La firma ofreció asignar otro abogado para continuar el proceso, pero Dangond lo rechazó por considerar que la confianza se había roto de manera irreparable. Además, la clienta señaló que la firma le brindó asesoría gratuita sobre una posible denuncia penal contra Vives, aunque esto no forma parte del pleito principal. Por su lado, De la Espriella Lawyers insiste en que sí realizó gestiones, y que la propia Dangond pidió aplazar la radicación de la demanda en varias ocasiones. Mientras el juzgado estudia las pruebas, el caso expone las complejidades de las relaciones contractuales en el ámbito legal, especialmente cuando involucran a figuras cercanas al poder ejecutivo.
