En una contundente reacción política, congresistas de distintas bancadas denunciaron que el gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Resolución 1277 de 2026, firmada por el ministro de Ambiente ad hoc Indalecio Dangond, revocó la extensión de la reserva temporal del páramo de Santurbán que vencía en 2029, reduciendo drásticamente su plazo de protección. La decisión, que sustituye a la Resolución 0970 del gobierno de Gustavo Petro, ha encendido las alarmas en Santander y Norte de Santander, donde cerca de 2,5 millones de habitantes dependen de las fuentes hídricas que nacen en este ecosistema estratégico.
Denuncia de los congresistas
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, la representante a la Cámara por Santander Yolanda Silva Romero y el senador Kevin Gómez Paz señalaron que la medida allana el camino para solicitudes de licencia ambiental minera, particularmente de las empresas Iris Mining o Aris Mining, previstas para 2027. «Abelardo es el peor enemigo de los animales. No es casualidad», afirmó Hernández, quien además anunció movilizaciones en el territorio y en Bogotá si no se convoca una consulta pública antes del 13 de noviembre, fecha límite que exigen los legisladores.
La representante Yolanda Silva fue enfática al advertir que están en discusión 75.000 hectáreas del páramo y recordó que en agosto pasado se anularon las protecciones sobre 1.500 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, un afluente vital para el acueducto del Área Metropolitana de Bucaramanga. «Nuestro oro es el agua», declaró Silva, citando monitoreos del Comité Santurbán que hallaron mercurio, plomo, arsénico y cianuro en el río Vetas por encima de los límites permitidos, evidencia de la contaminación minera existente.
«El agua debería ser para el consumo humano»
Ariel Ávila, Senador Alianza Verde
El senador Ariel Ávila explicó que la resolución no otorga una licencia de explotación aurífera, pero advirtió que es un paso administrativo que podría facilitarla, y reiteró su exigencia de priorizar el agua sobre la minería. Por su parte, Kevin Gómez Paz anunció que viajará a Santander el jueves 1 de octubre de 2026 para reunirse con organizaciones defensoras del páramo y coordinar acciones de resistencia a la medida. «Esperamos y exigimos que se convoque la consulta pública», agregó Hernández, quien no descarta movilizaciones masivas si el gobierno no rectifica.
El conflicto entre minería y agua
La Resolución 1277 de 2026 revive el histórico conflicto entre la explotación de oro y la protección de las fuentes hídricas en Santurbán, una de las reservas de agua más importantes del país. Mientras el gobierno anterior había extendido la protección hasta marzo de 2029 para adelantar estudios técnicos de delimitación, la nueva administración la redujo hasta marzo de 2027, fecha que los legisladores consideran crítica para el futuro del ecosistema y del suministro de agua para millones de personas. Los congresistas alertan además sobre un posible incremento de la presión contra líderes sociales que se oponen a la minería en la región, en un escenario que califican de riesgo para la democracia ambiental.
