La senadora Sandra Chindoy, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 951 de 2005 para convertir el empalme entre gobiernos en un requisito obligatorio para la posesión de los nuevos servidores públicos. La iniciativa, que inicia su trámite en el Congreso de la República, establece que sin la entrega formal de asuntos y recursos no habrá posesión de los funcionarios entrantes, en respuesta a lo que la congresista calificó como “un desastre y un capricho” del gobierno de Abelardo de la Espriella al no realizar un empalme con el expresidente Gustavo Petro.
La propuesta modifica el artículo 5 de la Ley 951 de 2005 para que el informe de gestión no solo sea entregado por el saliente, sino que también sea recibido, revisado y discutido por quien asume el cargo. Además, se adiciona un párrafo al artículo 15 que sanciona al funcionario entrante que no asista al acto formal de empalme. La senadora Chindoy explicó en redes sociales que “lo público no puede manejarse a punta de improvisación ni de caprichos como lo hace Abelardo”, y subrayó que “el Estado no empieza de cero cada vez que cambia un gobierno”.
Así funcionaría la nueva ley
De acuerdo con el texto radicado, el proyecto contempla que los funcionarios salientes deberán informar con al menos cinco días de antelación la fecha, hora y lugar del acto formal de empalme. Una vez firmada el acta, la revisión física de los asuntos y recursos deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes. Si el funcionario entrante se abstiene de asistir a la entrega formal, será requerido por el órgano de control interno correspondiente para que cumpla con esa obligación en un plazo de 15 días contados desde su designación. De persistir la omisión, se aplicará una sanción disciplinaria y se suspenderá la posesión.
“Cuando el servidor público entrante se abstenga de asistir a la entrega formal del acta en los términos de esta ley, será requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de quince (15) días, contados a partir de la fecha de su designación, cumpla con esta obligación”.
Texto del proyecto de ley radicado
La iniciativa también propone incluir a la Procuraduría General de la Nación entre las entidades de control que vigilarán el cumplimiento de las normas de entrega y recepción, junto con la Contraloría General de la República y los demás órganos de control. La idea, según la senadora Chindoy, es que las administraciones entrantes conozcan “el estado real de cada dependencia, incluidos los recursos, procesos, obligaciones y asuntos pendientes”.
El proyecto de ley, que busca evitar que el Estado se maneje “a punta de improvisación”, deberá ser discutido en comisiones y plenarias del Congreso antes de una eventual aprobación. La senadora confía en que la iniciativa cuente con el respaldo de sus colegas para que el empalme gubernamental deje de ser una opción y se convierta en una obligación legal.
