La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio culposo a tres profesionales de la salud en Ibagué por la muerte de dos pacientes, en investigaciones independientes adelantadas por la Unidad de Vida. En el primer caso, la psiquiatra Mónica Julieth Suárez Díaz fue señalada por incrementar las dosis de medicamentos a un paciente psiquiátrico, lo que habría provocado su fallecimiento por paro respiratorio. El segundo caso involucró al médico intensivista Álvaro Leal Rodríguez y al enfermero jefe Julián Edilberto Rincón Díaz, a quienes se les imputó una atención deficiente tras una cirugía de columna vertebral que derivó en un hematoma epidural espinal no detectado a tiempo. Sin embargo, en una actualización judicial del 2 de octubre de 2026, se informó que Leal Rodríguez fue absuelto por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué mediante sentencia del 15 de abril de 2026, ejecutoriada, con archivo definitivo del proceso.
El primer hecho ocurrió en la unidad mental del Hospital de Ibagué, Tolima, entre el 10 y el 18 de enero de 2018. Jorge Eduardo Rodríguez ingresó por sus familiares y la Policía Nacional con un estado psicótico agudo y agresivo. Durante su hospitalización, la psiquiatra Mónica Julieth Suárez Díaz incrementó las dosis de clonazepam, clozapina y midazolam por encima de las guías médicas. El paciente cayó el 13 de enero, sufrió una herida en la ceja y requirió cirugía; el 18 de enero fue encontrado sin signos vitales. La Fiscalía consideró que la profesional no fue idónea en su evaluación con respecto al estado del paciente y que le faltó meticulosidad y diligencia en la evaluación clínica. En sus declaraciones, el fiscal del caso señaló que «el médico debe dedicar al paciente el tiempo necesario para evaluar e indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y el tratamiento adecuado».
Fallas en seguimiento neurológico postquirúrgico
El segundo caso tuvo lugar en una clínica de Ibagué, en la Unidad de Cuidados Intermedios o Intensivos. El 13 de enero de 2016, Eduardo Miranda Vargas fue sometido a una cirugía de columna vertebral y, tras la intervención, reportó pérdida de sensibilidad y motricidad en sus piernas. Durante el turno de la noche del 13 al 14 de enero, el enfermero jefe Julián Edilberto Rincón Díaz ordenó administrar un ansiolítico sin que mediara una valoración médica previa, y no quedó registro de una revisión neurológica al paciente en ese turno. Al día siguiente se detectó un sangrado epidural; se intervino de urgencia, pero el daño medular ya era irreversible, generando cuadriplejia. El paciente continuó hospitalizado durante aproximadamente un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica, antes de fallecer. La Fiscalía indicó que «hubo otra falla en el rigor médico por parte de ambos procesados, ya que ninguno habría dedicado al paciente el tiempo necesario para su evaluación adecuada para lograr un diagnóstico certero».
«La profesional no fue idónea en su evaluación con respecto al estado del paciente y al parecer, le faltó meticulosidad y diligencia en la evaluación clínica».
Fiscal del caso 1
En el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía recopiló evidencias como la historia clínica donde no se registró la revista al paciente en el turno noche del caso 2, y la orden verbal del ansiolítico sin examen físico previo. En el caso 1, la determinación de incrementar las dosis de psicofármacos por encima de lo recomendado fue el eje de la imputación. Aunque el neurocirujano que atendió a Eduardo Miranda Vargas ordenó una tomografía que evidenció el sangrado epidural, el daño ya era irreversible cuando se actuó. Estos casos ponen en evidencia presuntas deficiencias en los protocolos médicos y de enfermería en instituciones de salud de la región, según las conclusiones de la Fiscalía.
Absolución y archivo del proceso contra Álvaro Leal Rodríguez
La reciente actualización judicial del 2 de octubre de 2026 modificó significativamente el panorama del segundo caso. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 15 de abril de 2026, ejecutoriada, absolvió al médico intensivista Álvaro Leal Rodríguez y ordenó el archivo definitivo del proceso en su contra. Esta decisión judicial contrasta con la postura inicial de la Fiscalía, que había imputado cargos por homicidio culposo también a Leal Rodríguez por la muerte de Eduardo Miranda Vargas. Hasta el momento no se ha informado sobre la situación procesal del enfermero Julián Edilberto Rincón Díaz, quien también fue imputado en el mismo caso.
Estos dos casos, ocurridos en fechas distintas (2016 y 2018) pero investigados por la misma unidad de la Fiscalía en Ibagué, reflejan los desafíos en la praxis médica y el control de calidad en la atención hospitalaria en la región. Las muertes de Jorge Eduardo Rodríguez y Eduardo Miranda Vargas, aunque separadas por más de dos años, tienen en común la percepción de la Fiscalía de que hubo fallas en la diligencia y el rigor clínico, aspectos que los tribunales evalúan de manera independiente. Mientras la psiquiatra Suárez Díaz enfrenta un proceso penal por el incremento de dosis de fármacos como clonazepam, clozapina y midazolam, el médico intensivista Leal Rodríguez fue exonerado por falta de pruebas suficientes o por considerar el juzgado que su conducta se ajustó a los protocolos. La comunidad médica y la ciudadanía siguen atentas a estos procesos, que ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y la cultura de reporte en las instituciones de salud del Tolima.
