El expresidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra el borrador de decreto presentado por el gobierno de Abelardo De la Espriella, que busca modificar las reglas para la protesta social en Colombia. A través de un mensaje publicado este viernes en su perfil de la red social X, el exmandatario defendió el derecho a manifestarse como una expresión del poder constituyente y rechazó cualquier intento de limitar las movilizaciones que afecten intereses económicos. La polémica se da en un contexto en el que el Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara, puso a consideración un documento de 24 artículos que ajusta el Decreto 003 de 2021, heredado del estallido social de ese año.
“¿Qué derecho hay a impedir una protesta porque es contra los grandes acaudalados en el país imponiendo medidas injustas a quienes protestan y a quienes no protestan?”, escribió Petro, quien además vinculó su crítica con una nueva denuncia sobre el fraude electoral que, según él, ocurrió en los comicios de 2022. El expresidente aseguró que los resultados que llevaron a De la Espriella al poder, venciendo al senador Iván Cepeda, son ilegítimos. “El fraude electoral en la pasada elección para presidencia, congreso y autoridades locales, cuya probabilidad estadística demostrada por peritos doctos en la materia es del 95%, necesita solo que la justicia coteje los formularios E-14 con los votos reales en las bolsas por mesa y las identidades de jurados y electores”, afirmó.
El derecho a protestar como expresión del pueblo
En su mensaje, Petro fue contundente al defender la naturaleza de la protesta social. “El derecho a protestar no es un derecho neoliberal y recortado como si se tratara de simples individuos. No, el derecho a protestar es de las multitudes, del pueblo mandante y constituyente primario. Hablamos de millones de personas en la protesta y no de cientos”, señaló. La declaración busca contrastar con el espíritu del borrador gubernamental, que si bien mantiene la mediación como vía preferente para resolver conflictos, habilita intervenciones focalizadas de la fuerza pública ante delitos, violencia o ataques durante las manifestaciones.
El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, establece cinco niveles de intervención que van desde la facilitación preventiva hasta el restablecimiento del orden por parte de la Undmo o la fuerza territorial. La norma permite la actuación inmediata de los uniformados ante el uso de armas, explosivos, ataques a infraestructura o agresiones contra civiles, personal médico, periodistas y servidores públicos. También se autoriza la intervención policial en casos de obstrucción de servicios de salud o bloqueo de ambulancias. No obstante, el borrador aclara que los trancones, el ruido y otras incomodidades propias de una movilización no modifican por sí mismos su carácter pacífico, y para disolver una marcha por bloqueo de vías debe existir una perturbación grave e inminente y no haber una alternativa menos lesiva. Además, se prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de los uniformados.
“¿Qué derecho hay a impedir una protesta porque es contra los grandes acaudalados en el país imponiendo medidas injustas a quienes protestan y a quienes no protestan?”
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
La controversia revive el debate sobre los límites de la protesta social en Colombia, un país que en 2021 vivió el estallido social más grande de su historia reciente, con movilizaciones masivas que generaron un remezón político y dejaron decenas de víctimas. Mientras el gobierno de De la Espriella busca actualizar el marco normativo para garantizar tanto los derechos de los manifestantes como los de la población no participante, Petro insiste en que el verdadero problema de fondo no es la regulación, sino la legitimidad del propio gobierno que la impulsa. Con su denuncia de fraude y su defensa del poder constituyente, el exmandatario busca mantener viva la llama de la movilización popular como contrapeso al poder establecido.
