La administración del presidente Donald Trump ha reasignado 52 millones de dólares en ayuda militar que originalmente estaban destinados a países de Europa y Oriente Medio para canalizarlos hacia Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, una decisión que ha provocado un fuerte enfrentamiento con el Congreso estadounidense. El Departamento de Estado notificó el traslado de fondos en septiembre de 2026, pero la senadora demócrata Jeanne Shaheen y el representante Gregory Meeks lograron bloquear temporalmente la medida, argumentando que los recursos habían sido aprobados por ambas cámaras con un propósito específico. La Casa Blanca, sin embargo, informó el miércoles 30 de septiembre que continuaría con el cambio pese a la suspensión legislativa, desatando una controversia sobre los límites del poder ejecutivo en materia de política exterior.
Los recursos desviados suman 52 millones de dólares y provenían de partidas asignadas originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, vinculadas a un paquete de ayuda aprobado tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania para reforzar a los aliados europeos y fomentar la compra de material militar estadounidense. Shaheen y Meeks, integrantes de los comités de relaciones exteriores de sus respectivas cámaras, sostuvieron en una declaración conjunta que «ambas cámaras del Congreso proporcionaron estos fondos con un propósito muy específico: apoyar a Ucrania y a nuestros aliados europeos tras la invasión a gran escala de Rusia». El Departamento de Estado, en cambio, defendió la reasignación al afirmar que «es coherente con la Estrategia de Seguridad Nacional» de Trump y que tendrá un mayor impacto en América Latina, donde los fondos se destinarán a combatir el narcoterrorismo, reforzar la seguridad del Canal de Panamá, fortalecer alianzas militares y contrarrestar la influencia de otros países en la región.
Contexto diplomático y de seguridad en la región
La controversia ocurre en medio de una intensa actividad diplomática de la administración Trump hacia Suramérica. En septiembre de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Colombia, Ecuador y Perú para promover la cooperación en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico. Durante esa gira, Rubio respaldó abiertamente al gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella y destacó el trabajo bilateral en inteligencia y combate al narcotráfico. Apenas un mes antes, en agosto, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que Colombia, Ecuador y Honduras habían acordado permitir operaciones militares conjuntas contra organizaciones criminales, aunque Guatemala negó haber llegado a ese entendimiento.
Colombia, además, se incorporó el 14 de septiembre de 2026 al Escudo de las Américas, una coalición regional de cooperación militar y de seguridad anunciada por Trump en marzo de ese mismo año. La iniciativa permite intercambiar inteligencia militar y coordinar operaciones para localizar y desmantelar redes de cárteles, así como solicitar ayuda entre los miembros, incluido Estados Unidos. La reasignación de los 52 millones de dólares se enmarca precisamente en la estrategia de fortalecer esa alianza y contrarrestar amenazas transnacionales en el hemisferio occidental.
«La reasignación de fondos desde Oriente Medio y Europa hacia el hemisferio occidental es coherente con la Estrategia de Seguridad Nacional»
Departamento de Estado de Estados Unidos
Pese al bloqueo legislativo impulsado por Shaheen y Meeks, la Casa Blanca decidió ignorar la suspensión y continuar con la ejecución del cambio, sin que el Departamento de Estado respondiera directamente a las consultas sobre las restricciones legales señaladas por los congresistas. La decisión deja en evidencia la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en un tema sensible como la ayuda militar, y pone a países como Colombia en el centro de una polémica que trasciende sus fronteras. Mientras tanto, los gobiernos de Ecuador, Panamá y Perú, junto con Colombia, se perfilan como los principales beneficiarios de unos recursos que ahora deberán destinarse a fortalecer sus capacidades de seguridad en el marco del Escudo de las Américas y la lucha contra el narcotráfico.
