Un juez de garantías de Medellín otorgó prisión domiciliaria a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La medida, adoptada el viernes 2 de octubre de 2026, se produjo después de que la Fiscalía imputara a Quintero Calle y a Sebastián Ortega Urán por delitos contra la administración pública, en una audiencia realizada el 15 de septiembre. El juez consideró que existe una inferencia razonable sobre la posible participación de Quintero en los delitos, pero rechazó la medida de aseguramiento solicitada contra Ortega, quien continúa en libertad.
La investigación fiscal se centra en seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2021 y 2022, por un valor total de 17.656 millones de pesos. Según la hipótesis del ente acusador, el presunto detrimento patrimonial asciende a 2.481 millones de pesos, y se habría exigido una coima del 15% de los recursos desembolsados. La Fiscalía asegura que Quintero Calle, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos del director del AMVA y del subdirector Administrativo y Financiero para controlar la contratación, y ordenó direccionar los contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente de los Bomberos de Itagüí. Ortega Urán, por su parte, habría actuado como enlace para recibir el dinero en efectivo y entregarlo a Quintero.
Reacciones políticas y rechazo a la medida
La decisión judicial generó un fuerte rechazo por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se pronunció a través de su cuenta en X. En un mensaje cargado de ironía, Gutiérrez calificó la prisión domiciliaria como una medida insuficiente y cuestionó que el investigado pueda cumplirla en la casa que, según el mandatario, fue construida con recursos desviados de la ciudad. «No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus ‘amiguitos’. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?», afirmó Gutiérrez, quien también advirtió que la casa por cárcel es solo una escala en el camino hacia la cárcel definitiva.
«Prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda, por intervenir en la contratación y crear con sus ‘amiguitos’ un entramado para direccionar contratos y cobrar coimas del 15%»
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, también se sumó a las críticas y señaló que «los que se robaron a Medellín terminarán todos en la cárcel. Ya cayó el hermano, siguen los otros». De Bedout se refirió a los procesados como «los Hermanitos Q», apelativo que también usó el alcalde Gutiérrez al mencionar que el camino de estos investigados los lleva «derechito al Pabellón Q de la Mega Cárcel que estamos construyendo». El alcalde agregó que les tienen reservada «una celda con vista a Medellín para que nunca se les olvide lo que le hicieron a esta ciudad».
Detalles de la investigación y seguimiento ciudadano
La Fiscalía documentó que Quintero Calle estuvo 214 días fuera del país entre 2023 y 2024, un dato que fue mencionado durante la audiencia como posible indicio de fuga. Además, se detectaron posibles sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte no prestados y recargas de telefonía celular que tampoco se realizaron. La Veeduría Todos por Medellín, que presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2024 sobre este mismo caso, recordó la importancia de esclarecer lo ocurrido con estos recursos, dado que se trata de «desviación de recursos públicos relacionados con la atención de emergencias». La veeduría anunció que continuará haciendo seguimiento procesal al caso.
La decisión del juez de garantías abre un nuevo capítulo en el debate sobre la efectividad de las medidas contra la corrupción en Antioquia. Mientras el alcalde Gutiérrez insiste en que la prisión domiciliaria no es suficiente y anuncia que habrá prisión definitiva para los implicados, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias para esclarecer todas las responsabilidades y recuperar los recursos desviados. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas audiencias y se avance en la judicialización de los demás involucrados en el entramado que, según la hipótesis fiscal, habría puesto en riesgo millonarios recursos destinados a la atención de emergencias en el Valle de Aburrá.
