El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió este lunes el proyecto de decreto para crear un sistema de información sobre guardias indígenas, luego de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazara la iniciativa al considerarla una amenaza a su autonomía. La consulta pública del borrador permanecerá abierta hasta el 4 de octubre, mientras que el CRIC expresó su rechazo el pasado 30 de septiembre, en un pronunciamiento público en el que advirtió sobre los riesgos de la medida para la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En declaraciones difundidas a través de su cuenta en la red social X, Lara explicó que el registro tiene un carácter institucional y no personal, y subrayó que el decreto no crea, no autoriza ni certifica a las guardias indígenas. «El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad», afirmó el funcionario, quien insistió en que la organización interna de las guardias continuará en manos de las propias comunidades.
El Estado colombiano no cuenta actualmente con un registro oficial consolidado de las guardias indígenas. El borrador del decreto busca centralizar información como cuántas guardias existen, en qué territorios actúan y a qué autoridad ancestral responden. Según el proyecto, el sistema es meramente informativo, no implica un reconocimiento pleno de la guardia ni modifica su situación frente al Estado, y ninguna entidad estatal puede exigir la inscripción o la constancia como requisito para reconocer una guardia o acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación.
Un registro para articular con el Estado
Lara aseguró que el registro permitirá que la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías sepan con qué autoridad articular. «No hay listados de nombres», puntualizó el ministro, quien además vinculó la iniciativa con la prevención del reclutamiento de menores en el Cauca. «Considero que las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas», señaló.
De acuerdo con el borrador, el sistema registraría la organización, el pueblo indígena, la jurisdicción, la autoridad a la que responde, la cantidad de integrantes y los enlaces de comunicación de cada guardia. Esta información, según el Gobierno, permitirá articular mejor las políticas de protección y fortalecimiento dirigidas a estas organizaciones, sin que ello implique un control estatal sobre su funcionamiento.
«El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad.»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
La posición del CRIC
El Consejo Regional Indígena del Cauca rechazó el borrador por considerar que vulnera la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. En un comunicado, la organización advirtió que la información recopilada «podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización». Así mismo, afirmó que «la obligación estatal es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sin desconocer la autonomía y autodeterminación, sustentadas en el bloque de constitucionalidad y la Constitución Política».
«La Guardia Indígena se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales, no hacemos parte de las políticas de gobiernos de turno.»
Programa de Guardia Indígena del CRIC
El CRIC sostiene que la Guardia Indígena surge de las propias comunidades y no depende de autorización ni reglamentación estatal. En ese sentido, la organización insistió en que cualquier iniciativa del Gobierno debe respetar los mecanismos propios de decisión de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación, por lo que mantiene su rechazo al proyecto tal como está planteado.
