El Consejo de Estado, a través de su Sección Segunda, ordenó la sentencia anticipada para definir la legalidad del aumento del 23 por ciento del salario mínimo de 2026 y del auxilio de transporte, fijados mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025. La decisión se tomó luego de cerrar la etapa de pruebas y acumular las demandas presentadas por ciudadanos, gremios y organizaciones que cuestionan los incrementos decretados por el Gobierno sin acuerdo en la Comisión de Concertación Salarial.
El auto que dispuso la sentencia anticipada también desestimó las objeciones del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que alegaban vicios formales en las demandas. Además, estableció 11 interrogantes que deberán resolverse en el fallo, entre ellos, si el Ejecutivo cumplió con los criterios legales estipulados en la Ley 278 de 1996, que exige tener en cuenta la inflación, la productividad, el PIB y la capacidad de pago de las empresas para fijar el salario mínimo.
Los puntos en disputa
El incremento fue fijado directamente por el Gobierno tras no lograr consenso en la Comisión de Concertación Salarial, un escenario que ha generado múltiples controversias. Los demandantes cuestionan también si el concepto de «salario vital» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pudo haber desplazado indebidamente la normativa nacional. El Consejo de Estado deberá determinar si el Gobierno respetó los criterios técnicos y jurídicos al fijar el salario sin el acuerdo de los sectores involucrados.
El auxilio de transporte para 2026, establecido en 249.095 pesos por el Decreto 1470 de 2025, también es objeto de revisión en el expediente, que incluye el análisis de su motivación técnica. Mientras tanto, el salario mínimo de 2026 permanece vigente hasta que no haya una sentencia en contrario, por lo que la decisión del alto tribunal tendrá un impacto directo en los trabajadores y empleadores del país.
El proceso hacia el fallo
La sentencia anticipada implica que no se requieren nuevas pruebas antes de la decisión de fondo. Ahora, las partes tienen un plazo de 10 días para presentar sus alegatos finales, tras lo cual el Ministerio Público deberá emitir su concepto antes de que el despacho elabore la sentencia definitiva. La decisión final definirá si el Ejecutivo obró conforme a la ley al fijar el salario mínimo y el auxilio de transporte sin el acuerdo en la mesa de concertación, un tema que ha sido central en el debate público sobre el costo de vida y la capacidad adquisitiva de los colombianos.
