El Fondo Milagro, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 12 de agosto como la herramienta central para la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, aún no ha iniciado operaciones. A pesar de que el decreto 1379 de 2026, que le da vida jurídica como patrimonio autónomo e inembargable administrado mediante un contrato de fiducia mercantil a cargo del Ministerio de Hacienda, fue expedido el 9 de septiembre, el fondo carece de existencia jurídica plena debido a que los trámites para constituirlo formalmente no se han completado. Esta situación, revelada por una investigación de Cambio, impide que el fondo reciba y ejecute los recursos estatales, de cooperación internacional y los créditos públicos destinados a atender la emergencia que afectó a 497 municipios y dejó 466.000 personas damnificadas, con 36.327 viviendas destruidas, 201.939 averiadas y 759 edificios colapsados.
El anuncio del Fondo Milagro, realizado por el mandatario junto a la primera dama Ana Lucía Pineda, contemplaba la concentración de donaciones y recursos públicos para la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, vías y aeropuertos, con un monto inicial estimado de 624.600 millones de pesos colombianos. Sin embargo, según lo establecido en el decreto, los fondos estatales deben permanecer en la Cuenta Única Nacional y someterse a una auditoría internacional independiente, esquemas que tampoco han empezado a operar. Mientras se completan los trámites jurídicos para darle vida al patrimonio autónomo, el Gobierno Nacional no puede ejecutar las partidas del Presupuesto General de la Nación ni los créditos aprobados, lo que retrasa las obras de recuperación en las regiones más afectadas por el sismo.
Falta de trámites jurídicos retrasa operación del fondo
La demora en la constitución legal del Fondo Milagro significa que ni los recursos nacionales ni los aportes de la cooperación internacional pueden ser canalizados hacia la reconstrucción. Según la investigación, el proceso de creación de la fiducia mercantil, requisito indispensable para que el fondo funcione como patrimonio autónomo, aún está en curso, sin una fecha definida para su culminación. Esta situación deja en vilo a los 497 municipios que reportaron daños, entre ellos numerosas localidades donde hospitales y escuelas colapsaron o sufrieron averías graves. La auditoría internacional independiente, que debía garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, tampoco ha sido puesta en marcha, lo que genera incertidumbre sobre los plazos reales para que las comunidades afectadas comiencen a ver los resultados de la prometida reconstrucción.
