Líderes indígenas del Cauca han decidido apartarse de la postura oficial del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y respaldar la propuesta del Gobierno nacional de crear un registro informativo de guardias indígenas. La iniciativa, presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, busca establecer un sistema de información que permita verificar qué autoridades indígenas están facultadas para ejercer control comunitario en cada territorio. Este respaldo surge en un contexto de creciente preocupación por la falta de claridad sobre quiénes actúan en nombre de las guardias, especialmente después de una confrontación entre dos comunidades en el municipio de Silvia que dejó personas asesinadas y cuyos responsables aún no han sido identificados.
El CRIC, por su parte, ha rechazado la propuesta argumentando que podría afectar la autonomía de los pueblos indígenas. En un comunicado, la organización señaló: «Nuestra existencia no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de nuestras comunidades y autoridades tradicionales». Sin embargo, otros cabildos y autoridades no vinculados al CRIC consideran que la falta de información deja sin mecanismos de verificación a comunidades donde confluyen distintos pueblos, cabildos y organizaciones. El ministro Lara ha insistido en que el registro tendría un carácter exclusivamente informativo y no constituiría, autorizaría ni certificaría a las guardias. «El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad», explicó Lara.
Voces a favor de la claridad
Teodomiro Soscué, líder indígena, manifestó su apoyo a la iniciativa gubernamental. «Para nosotros es importante tener ese tipo de claridades. Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo, porque a nuestros territorios llegan personas, se identifican como guardias y ejercen control sobre la comunidad. Pero la pregunta es: ¿lo pueden hacer? ¿Dónde podemos verificar que sí son autoridad?», declaró. En la misma línea, la lideresa social indígena Ana Adiela Gelpud recordó el grave antecedente ocurrido en Silvia: «Hace meses vivimos una confrontación entre dos comunidades en Silvia que terminó con muertos. Ha pasado un tiempo prudente y no sabemos quiénes cometieron esos asesinatos, quiénes participaron en estos hechos, porque no hay registros de quiénes llegan a la zona y ejercen control con los estandartes del Cric».
«La Guardia Indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado»
Iris Marín, defensora del Pueblo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, criticó la propuesta al considerar que la Guardia Indígena no requiere supervisión estatal. No obstante, el ministro Lara vinculó el registro con la prevención del reclutamiento de menores por parte de organizaciones terroristas en el Cauca, un flagelo que afecta principalmente a niños y niñas indígenas. Según Lara, la herramienta permitiría a entidades como la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saber con qué autoridad articular, sin incluir listados de nombres. El debate continúa mientras el Gobierno busca avanzar en la implementación de este sistema informativo que, según sus impulsores, no vulnera la autonomía sino que brinda transparencia a las comunidades.
