El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció este sábado que el próximo lunes presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General por presuntas interceptaciones ilegales en su contra, presuntamente ejecutadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el actual gobierno de Gustavo Petro. La decisión se produce luego de que la revista Semana publicara un artículo basado en el testimonio de una fuente anónima de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que revelaría órdenes de trabajo para vigilar, escuchar y rastrear en bases de datos al exfiscal y a otras figuras políticas y militares de la oposición.
Barbosa, quien estuvo al frente de la Fiscalía durante el gobierno de Iván Duque y hasta inicios de 2024, y que recientemente se lanzó como precandidato presidencial, aseguró que se trata de un ataque directo contra la independencia judicial. “Hablamos de usar el aparato de inteligencia del Estado para vigilar al fiscal General, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente”, declaró en referencia a los procesos que su entidad adelantó contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, y Laura Sarabia, exfuncionaria del Gobierno.
Las presuntas órdenes de trabajo de la Uiaf
Según la fuente anónima citada por Semana, la Uiaf impartió directrices para realizar escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos contra Barbosa, su entonces vicefiscal Martha Mancera –de quien la fuente dijo que “le estaban esculcando hasta el nido de la perra”– y contra otros nombres como la expresidenta de la Corte Suprema Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el expresidente Iván Duque, el senador Álvaro Uribe, los generales Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, y las periodistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila. Barbosa señaló que su denuncia abarcará a todos los que hayan ordenado, ejecutado, encubierto o recibido la información, sin importar su jerarquía, y pidió que se preserve cualquier registro o prueba existente.
La Uiaf opera bajo la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que no exige control de legalidad judicial para emitir órdenes de trabajo, algo que Barbosa considera una vulneración del artículo 15 de la Constitución y de la Ley 1621 de 2013, que establecen que las interceptaciones requieren autorización de un juez. “Las instituciones del Estado no pueden ser instrumento de persecución política. Quienes las usaron para ese fin deben responder ante la justicia”, afirmó el exfiscal.
“Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales”
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación
Contexto y antecedentes de las denuncias
Las revelaciones se producen en medio de una auditoría forense a la DNI que ya había detectado fallas operativas, riesgos de filtración de información y un uso cuestionable de gastos reservados, entre ellos la compra de un sistema biométrico ABIS que nunca funcionó y un dron de 9.000 millones de pesos que se accidentó en Catatumbo. La conclusión de ese informe señaló que “la gestión tecnológica y de seguridad digital de la DNI requiere una transformación estructural total”.
Hasta el momento, no se han precisado las fechas exactas de las supuestas órdenes, la dependencia que las autorizó, las bases de datos consultadas ni si existió orden judicial alguna. Tampoco se han presentado documentos que respalden los señalamientos, ni se ha conocido una respuesta oficial de la Uiaf o de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, quien aún no se ha pronunciado sobre el caso. Barbosa advirtió que, de encontrarse involucrados funcionarios con fuero constitucional, recurrirá a las instancias competentes para que se investigue todo el entramado de vigilancia ilegal que, según su versión, buscaba intimidar a quienes investigaban a personas cercanas al Presidente.
