El Instituto Nacional de Salud de Colombia aún no ha emitido una evaluación sanitaria sobre el uso de glufosinato de amonio para la erradicación aérea de cultivos de coca, mientras que expertos en ingeniería ambiental y química advierten sobre graves riesgos ambientales, sanitarios y la ausencia de estudios que respalden su eficacia contra esta planta. La propuesta gubernamental, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, busca reemplazar el glifosato como herbicida principal en la lucha contra los cultivos ilícitos, pero el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá definir la implementación de un piloto sin que hasta ahora el INS haya dado su aval.
El ingeniero ambiental Álvaro David Rodríguez Rodríguez, especialista en Evaluación Ambiental en Proyectos de Desarrollo y magíster en Educación Ambiental, explicó que el glufosinato de amonio «actúa donde cae», es decir, es un herbicida de contacto que bloquea la enzima glutamina sintetasa, lo que provoca un aumento de amonio en los tejidos vegetales y altera la fotosíntesis. A diferencia del glifosato, que tarda entre una y dos semanas en mostrar efectos, este compuesto «actúa más rápido», con resultados visibles entre dos y siete días. Sin embargo, Rodríguez alertó que la Unión Europea ha prohibido esta sustancia debido a su clasificación 1B en el Sistema Globalmente Armonizado, que indica una alta probabilidad de daños al desarrollo fetal. «Eso deja mucho que decir», afirmó el experto, cuestionando la decisión de utilizarlo en comunidades rurales colombianas.
Riesgos para la salud y el ambiente
Nathalia Elizabeth Conde, ingeniera química de la Universidad de la Sabana, señaló que «no sería pertinente afirmar que una aplicación de glufosinato erradicaría por completo la coca», ya que no existen ensayos suficientes sobre las especies de Erythroxylum en Colombia. El desempeño del herbicida depende de factores como la especie, la dosis, la cobertura, la edad de las plantas y el clima. Además, advirtió sobre los peligros de una intoxicación aguda: «Las intoxicaciones agudas por ingestión de formulaciones concentradas pueden producir alteraciones neurológicas, cardiovasculares y respiratorias, incluyendo convulsiones, pérdida de conciencia y depresión respiratoria».
Desde el punto de vista ambiental, Conde precisó que «el riesgo ambiental depende de cuánto producto se aplica, dónde termina, las características del suelo y del agua y qué organismos están expuestos». Citó una evaluación ecológica de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que identificó «posibles riesgos crónicos para mamíferos y riesgos para determinadas aves, reptiles y anfibios», así como «riesgos para organismos acuáticos y para plantas no objetivo». La aplicación aérea, advirtió, amplía el área expuesta por deriva causada por viento, temperatura y humedad, afectando cultivos legales, fuentes hídricas y fauna.
INS exige datos técnicos antes de pronunciarse
El Instituto Nacional de Salud ha manifestado que necesita datos técnicos y científicos antes de analizar los efectos sobre la población, y que revisará la sustancia misma, la formulación, las condiciones de aplicación y los escenarios de exposición. La entidad busca un pronunciamiento «independiente» y basado en evidencia científica, sin presión del Ejecutivo. Mientras tanto, los especialistas coinciden en que antes de implementar un piloto con glufosinato de amonio, el país debe evaluar alternativas menos riesgosas, como la erradicación manual, los programas de sustitución voluntaria, el fortalecimiento de actividades legales y las medidas de desarrollo rural.
«Las intoxicaciones agudas por ingestión de formulaciones concentradas pueden producir alteraciones neurológicas, cardiovasculares y respiratorias, incluyendo convulsiones, pérdida de conciencia y depresión respiratoria»
Nathalia Elizabeth Conde, ingeniera química de la Universidad de la Sabana
El debate sobre el uso de este herbicida llega en un momento clave para la política antinarcóticos colombiana, que durante años ha utilizado glifosato en sus estrategias de erradicación. La falta de un aval del INS, sumada a las alertas de los expertos, pone en entredicho la viabilidad del piloto propuesto. Mientras el Consejo Nacional de Estupefacientes define los próximos pasos, comunidades rurales y organizaciones ambientales esperan que la decisión se tome con base en la ciencia y no en la urgencia política.
