No todos los comunicadores digitales carecen de criterio periodístico, ni las redes sociales son incompatibles con la información rigurosa. El problema es la subordinación de la información a determinados intereses
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Escribía recientemente en su columna para el portal Eje 21 el abogado y periodista Eduardo Aristizábal Peláez: «En la era de la inmediatez digital, el rol del jefe de prensa parece haber perdido su brújula. Observamos con mucha preocupación cómo las empresas, en su afán por gestionar la imagen corporativa, han comenzado a banalizar esta figura, designando como jefes de prensa perfiles que carecen de la esencia fundamental del cargo (…) El ejercicio del periodismo profesional, con su experiencia en redacciones, su olfato crítico y su conocimiento profundo de la dinámica mediática, no es intercambiable por la gestión de contenidos digitales».
No le falta razón a Aristizábal en su diagnóstico, pero me atrevo a decir que hay que ir mucho más allá. El problema no es solo la precarización de un oficio: las oficinas de prensa están, lisa y llanamente, en vías de extinción. Y lo están porque, en la época actual, el propósito ya no parece ser informar. Hoy, el objetivo de la comunicación institucional responde, cada vez más, a los intereses de un solo actor: quien origina el mensaje. El receptor ha dejado de ser visto como el titular de un derecho constitucional para convertirse en un simple objeto de manipulación, del que solo se espera una reacción favorable, un aplauso virtual, un «me gusta» o un comentario adulador.
Quienes llevamos décadas en este oficio conocimos oficinas de prensa concebidas para responder a una obligación ineludible: informar sobre las acciones públicas. Eran tiempos en los que, incluso en las más altas esferas del Estado, el jefe —así fuera el propio presidente de la República— jamás decía: «Muéstreme el boletín antes de sacarlo». Había un respeto sagrado por la división entre la gestión y la información.
Hoy, ese rigor parece haber desaparecido. Estamos frente a ejércitos de jóvenes dedicados a convertir a gobernantes y funcionarios en influenciadores. Se ponen al servicio de una marca o de un ego personal los miles o millones de seguidores cosechados en el ámbito digital. Y a esos asesores del clic, lo que menos parece importarles es que el ciudadano esté verdaderamente informado. Detrás de esta fachada se esconden funcionarios con ambiciones electorales y gobernantes que, por encima de su misión institucional, priorizan sus apetitos personales para imponer agendas mediáticas.
Antes, comunicar era el complemento de una gestión. Su fin era mantener a la gente enterada de las acciones de gobierno, fueran buenas o malas. Hoy, comunicar es gobernar. Por eso, cada vez hay menos boletines de prensa estructurados y más shows y pronunciamientos rimbombantes o comunicados de propaganda que exponen y recalcan hasta la saciedad las supuestas bondades del mandatario de turno, como si hacer lo que le corresponde por obligación fuera una hazaña heroica.
Se gobierna a través de anuncios efectistas diseñados para controlar la agenda y generar grandes titulares que mantienen la tensión por un momento determinado, mientras se ahoga deliberadamente lo que el ciudadano sí tiene derecho a conocer. Se gobierna a punta de trinos en X, de alocuciones eternas, de voceros que leen libretos sin admitir contrapreguntas, de ministros que huyen de los micrófonos y de una perversa clasificación de los medios de comunicación en «propias tropas» o enemigos «hostiles».
Los resultados de esta hostilidad están a la vista. Vivimos un ambiente de extrema tensión en el país, donde la presión y la estigmatización desde las más altas esferas del poder alimentan la preocupación por el futuro de la libertad de prensa. Las salidas de periodistas reconocidos, las controversias que rodean algunas decisiones editoriales y las presiones que se multiplican en las redes sociales han abierto un debate que trasciende las explicaciones empresariales de cada caso. En el gremio periodístico y en la opinión pública crecen las preguntas sobre las condiciones en que se ejerce hoy el oficio y sobre las consecuencias de cuestionar a quienes gobiernan. El mensaje que parece abrirse paso es inquietante: quien cuestiona el relato, estorba.
Y no nos llamemos a engaños: este mecanismo de presión no es una patología exclusiva del poder central. En las regiones, gobernaciones y alcaldías han encontrado en la pauta oficial su propio instrumento de coacción y control. Distribuyen los presupuestos de divulgación pública sin el menor criterio técnico de calidad, profesionalismo o alcance real, metiendo en el mismo saco al medio serio y a la improvisada página web del amigo de turno. Con esta mediocridad presupuestada, creen torpemente que pueden cooptarlo todo, al punto de incomodarse y deslizar amenazas de recortes de pauta cuando un medio comete el «pecado» de publicar las voces de la oposición.
Lo verdaderamente asombroso, y a la vez aterrador, es cómo este nuevo modelo de comunicación política —desde el chantaje local hasta el megáfono nacional— puede contribuir a moldear la opinión pública, condicionar las agendas e influir en los procesos políticos a escala global. En este mundo hiperconectado, las antes famosas y temidas «bodegas» ya parecen haberse quedado pequeñas. Hoy nos enfrentamos a maquinarias digitales capaces de amplificar un relato, fabricar consensos, destruir reputaciones y convertir la propaganda en una aparente verdad colectiva. Ya no se trata únicamente de influir en la conversación pública, sino de condicionar aquello que la sociedad termina creyendo.
Por eso, la discusión sobre las oficinas de prensa en vías de extinción es mucho más que una disputa por un cargo o por las competencias de una profesión. La pregunta de fondo es para quién se comunica desde el poder: ¿para informar al ciudadano o para blindar al gobernante? Cuando la segunda opción se impone, la comunicación institucional deja de cumplir su función pública y se convierte en propaganda. Y cuando la propaganda pretende sustituir a la información, lo que está en riesgo no es solamente el periodismo: es el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
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