En un hecho que ha generado gran expectativa judicial en Antioquia, Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, comenzó a cumplir detención domiciliaria luego de ser reseñado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel de Bellavista, en Medellín. La medida fue ordenada por el juez 27 penal municipal con función de control de garantías de la capital antioqueña, como parte de la investigación por presunta corrupción en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Quintero Calle, quien se declaró inocente y no aceptó los cargos, fue sometido a la toma de huellas y fotografías en el centro penitenciario durante la mañana del domingo 4 de octubre de 2025, y posteriormente trasladado a su vivienda para cumplir la reclusión en su domicilio.
La decisión judicial, que establece prisión domiciliaria en lugar de cárcel, ha sido apelada tanto por la Fiscalía como por las víctimas, quienes buscan que el imputado sea recluido en un centro penitenciario. El juez concluyó que existe una inferencia razonable de responsabilidad, pero optó por la medida menos gravosa. En el mismo proceso, el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio Cardona, también se encuentra investigado, junto con Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero; Vanessa Álvarez, exasesora jurídica; y Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los imputados, quien quedó en libertad sin medida privativa de la libertad. Los delitos imputados a Quintero Calle son interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía.
Un esquema de direccionamiento contractual durante la pandemia
Los hechos que dieron origen a esta investigación ocurrieron entre 2019 y 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando Quintero Calle supuestamente promovió una estructura dentro del Área Metropolitana para direccionar contratos. Según la Fiscalía, se trató de un esquema de direccionamiento contractual en seis convenios suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total supera los 17.000 millones de pesos. De acuerdo con las pesquisas, Quintero Calle habría participado con un 15 % de los recursos presuntamente desviados, lo que representa aproximadamente 2.481 millones de pesos, de los cuales 1.654 millones habrían sido para beneficio propio y 827 millones para terceros.
La investigación se apoya en testimonios clave, como los de Misael Cadavid, quien suscribió un principio de oportunidad, y Laura Mejía. Además, se han incorporado como pruebas chats de WhatsApp extraídos de grupos denominados “Amigos” y “Alternativos grupo de trabajo sin condones”. Según los elementos recopilados, en junio de 2020 se habría realizado un acuerdo económico en las instalaciones del Área Metropolitana en Medellín, con la participación de Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Cadavid. El juez rechazó la solicitud de la defensa de declarar ilegales estas pruebas, incluyendo las conversaciones de mensajería instantánea.
La apelación presentada por la Fiscalía y las víctimas se encuentra actualmente en trámite, por lo que mientras se resuelve la situación legal, Miguel Andrés Quintero Calle permanecerá en detención domiciliaria. Es importante destacar que esta medida no constituye una condena, y que el imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo en su contra.
