La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), ha logrado avances significativos en la judicialización de agresiones contra animales domésticos, obteniendo dos condenas y una imputación en tres casos ocurridos en Bogotá, Envigado y Choachí. Así lo anunció el ente acusador mediante un comunicado difundido el 4 de octubre de 2026, destacando que los procesos fueron adelantados por esta unidad especializada, creada para investigar delitos contra perros, gatos y otros animales de compañía.
En el primer caso, ocurrido en Bogotá el 24 de agosto de 2025, José Oliverio Silva fue condenado por hurtar de un establecimiento comercial a una perra pastor alemán llamada Keyra, a quien posteriormente sometió a actos sexuales que le causaron graves lesiones en su salud e integridad física. La condena impuesta es de 37 meses y 10 días de prisión, a los que se suman 74 meses, equivalentes a 6 años y 2 meses, de inhabilidad para tener animales. Por otro lado, en Envigado, Antioquia, Edgar Alexander Montañez Díaz recibió una condena de 20 meses de prisión, con igual término de inhabilidad, por los reiterados golpes y agresiones que infligió contra el perro criollo Lucas entre mayo y julio de 2024. Las acciones violentas, acreditadas mediante peritajes veterinarios que evidenciaron lesiones, sufrimiento y afectaciones físicas, fueron cometidas como represalia contra la expareja sentimental del agresor, y en algunos episodios ocurrieron frente a menores de edad, vinculando este hecho con un contexto de violencia de género.
Imputación por la muerte de Nena
El tercer caso corresponde a la muerte de la perra Nena, ocurrida el 21 de agosto de 2026 en un inmueble del municipio de Choachí, Cundinamarca. Allí, Juan Gabriel Pinzón Rincón fue imputado por el delito de muerte agravada de animal, luego de que apuñalara al can con un arma cortopunzante durante una discusión con su compañera sentimental. La Fiscalía, mediante el Gelma, imputó cargos al hombre, quien deberá permanecer en detención domiciliaria mientras avanza el proceso. Las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los animales y advierten que este tipo de conductas, que afectan tanto a las víctimas directas como al tejido social, serán investigadas y sancionadas con todo el rigor de la ley.
