El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República una solicitud de traslado presupuestal por 1,2 billones de pesos, con mensaje de urgencia, para evitar un colapso eléctrico que pondría en riesgo el servicio de 1,2 millones de usuarios en la Costa Caribe durante el fenómeno de El Niño previsto para 2026 y 2027. El vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó que los recursos serán administrados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y destinados directamente al pago de generadores eléctricos, en especial los térmicos, sin que pasen por las arcas de la intervenida Air-e.
De los 1,2 billones solicitados, 750.000 millones provienen del Ministerio de Hacienda y 450.000 millones del sector de Minas y Energía. Soto aclaró que esta medida no implica nuevo endeudamiento, sino un reordenamiento de partidas ya apropiadas. El monto se suma a los 300.000 millones que Hacienda ya había girado, completando así un total de 1,5 billones dentro del denominado ‘Plan Energía Ya’. La urgencia radica en que, según advirtió Soto, “cada día que se atrase es un riesgo para más de 1,2 millones de usuarios” en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde Air-e presta servicio desde septiembre de 2024 bajo intervención estatal.
La cadena de pago, el verdadero objetivo
El Gobierno dejó claro que la iniciativa no busca “salvar a Air-e”, sino sostener el flujo de caja hacia los generadores térmicos, que dependen del pago oportuno para operar. “Se corta el combustible, se corta la planta, se corta el servicio”, explicó Soto al describir el mecanismo de riesgo. Los recursos tienen “un propósito único”, citó Soto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez: atender el estrés que enfrenta el sistema eléctrico de la Costa Caribe. Gómez Martínez, a través de Soto, enfatizó que el traslado “no sanea de ninguna manera las responsabilidades” de administraciones anteriores, separando la emergencia del debate sobre la gestión previa en Air-e.
“Primero se sostiene la cadena, después se ordena la empresa. Y el que haya manejado mal tiene que responder”
Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional
La intervención de Air-e desde septiembre de 2024, precisamente por su deterioro financiero y la acumulación de deudas con generadores, llevó al Gobierno a activar este mecanismo extraordinario. El riesgo de apagones se concentra en un área que alberga hospitales, familias y pequeños comercios, sectores especialmente vulnerables ante un fenómeno climático que incrementará la demanda energética. El mensaje de urgencia busca que el Congreso apruebe el traslado antes de que comience el periodo de mayor presión sobre el sistema, previsto para los próximos meses.
“Se tendrá energía para la gente”, aseguró Soto, al tiempo que detalló que los fondos “no entran a la caja libre de la compañía” sino que van directo a los generadores, garantizando que no se desvíen a otros fines. Con esta medida, el Gobierno intenta romper el círculo vicioso de deudas que amenaza con dejar a oscuras a más de un millón de usuarios, mientras se mantiene el proceso de intervención para determinar responsabilidades y eventualmente reordenar la empresa. La decisión final queda ahora en manos del Congreso, que debe considerar la urgencia de una región que depende de la energía para su funcionamiento básico.
