Dos presuntos cabecillas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc fueron capturados en un operativo conjunto desarrollado en la vereda La Paulina, municipio de Valdivia, Antioquia. Se trata de alias Lobo o Emanuel, identificado como cabecilla de comisión, y alias Zamanta o La Flaca, quienes fueron detenidos en una acción coordinada entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció el resultado del operativo calificándolo como un «golpe a los narcoterroristas de Calarcá en Antioquia».
Alias Lobo es investigado por su presunta participación en extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados de población civil y ataques contra la Fuerza Pública. Su captura, junto a la de alias Zamanta, representa un duro revés para la estructura criminal que opera bajo la denominación «Compañía Arnulfo Castellanos», perteneciente a las disidencias lideradas por alias Calarcá, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza. El mandatario aseguró que «vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades» y que «cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos».
Restricciones impuestas por el grupo armado en ocho municipios
Paralelamente a estas capturas, se conoció que la estructura 36 había impuesto severas restricciones a la distribución y venta de bebidas alcohólicas en ocho municipios del norte de Antioquia: Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí. La organización prohibió la entrada y comercialización de cerveza, aguardiente y otros licores, argumentando una supuesta infiltración de organizaciones contrainsurgentes o paramilitares a través de las distribuidoras de licor. Las advertencias incluían la amenaza de considerar «objetivo militar» a quienes desobedecieran, con posibles quemas de vehículos y mercancías.
En el municipio de Campamento circuló un mensaje que limitaba la venta de cerveza a solo dos proveedores autorizados por el grupo. La organización exigía que los distribuidores contactaran directamente a la estructura y se sometieran a una revisión previa para poder ingresar a las localidades. Además, se establecieron multas de hasta 20 millones de pesos para los establecimientos que compraran productos a proveedores no autorizados, y se reportó un aumento de hasta 6.000 pesos por unidad en el valor de algunos licores tras estas advertencias.
«¡Golpe a los narcoterroristas de Calarcá en Antioquia!»
Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia
El presidente De la Espriella reiteró que estas capturas son un «golpe directo contra la estructura criminal» y que las operaciones conjuntas continuarán hasta desmantelar por completo los grupos armados que aquejan a la región. Mientras tanto, las comunidades de los ocho municipios afectados por las restricciones al licor esperan que el restablecimiento del orden y la presencia institucional permitan recuperar la libre circulación de mercancías y la tranquilidad perdida.
