La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes el inicio de una revisión preventiva al contrato por dos billones de pesos suscrito entre la comercializadora energética Air-e y la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), con el objetivo de determinar si la negociación y las decisiones administrativas que la rodearon expusieron a la compañía a riesgos financieros, operativos o administrativos en la región Caribe, donde Air-e presta el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El contrato, firmado el pasado 19 de agosto de 2026 por el interventor Jaime Humberto Mesa Buitrago tras cerca de un año de negociaciones, contempla una tasa de interés del 5,2 por ciento efectivo anual y una vigencia de sesenta meses, con un año de gracia contado desde la entrada en funcionamiento de la infraestructura financiada. Los recursos están destinados a proyectos de modernización del sistema eléctrico, que incluyen la renovación tecnológica de subestaciones, la ampliación de redes de distribución y transmisión, y el incremento de la capacidad del sistema para atender la demanda de los usuarios.
Vigilancia sobre cinco administraciones
La medida, adoptada a través de la Mesa Integral de la estrategia “Paz Energética” del Ministerio Público, implica el examen minucioso del contrato, sus anexos y la documentación de seguimiento, así como el análisis de las actuaciones de cinco administradores de Air-e: Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y el propio Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien suscribió el acuerdo en calidad de interventor. La Procuraduría formuló requerimientos tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para reconstruir la trazabilidad completa de la operación y evaluar posibles responsabilidades vinculadas a las decisiones que se adoptaron durante ese periodo.
“La ‘Paz Energética’ exige anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio. La Procuraduría mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre Air-e, el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida”.
Procuraduría General de la Nación
El interventor de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago, salió al paso de la revisión y manifestó que la empresa está enfocada en mejorar el servicio. “Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable”, afirmó, en un mensaje que busca transmitir tranquilidad a los habitantes de la región Caribe frente a la intervención del órgano de control.
La Procuraduría insistió en que esta actuación tiene un carácter estrictamente preventivo y no constituye por ahora una imputación de irregularidades ni responsabilidades individuales. Durante la vigencia del contrato, un comité técnico deberá priorizar y aprobar los proyectos que accederán a los recursos, y el seguimiento de la Procuraduría también abarcará las decisiones futuras que adopten las autoridades frente a Air-e, como parte del compromiso de garantizar la prestación continua y confiable del servicio eléctrico en la costa norte del país.
