El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, radicó formalmente ante la Fiscalía General una denuncia penal por los presuntos seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptaciones ilegales que, según su versión, se habrían adelantado en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro. La denuncia, presentada a través de su abogado Juan Camilo Caicedo, se apoya en el material recuperado de la auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y fue acompañada por la entrega de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas que, de acuerdo con Barbosa, fueron sometidos previamente a un proceso de auditoría.
El periodo de las acciones señaladas comprende entre 2022 y 2026, con una intensificación de la presunta campaña de desprestigio hacia finales de 2023. Según el abogado Caicedo, esas maniobras coincidieron con la férrea oposición de Barbosa a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico, lo que derivó en un grave enfrentamiento institucional por la insistencia del presidente Petro en suspender órdenes de captura. La denuncia busca que se identifique a los autores de los seguimientos, las consultas indebidas a bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias, así como de las interceptaciones, y que se determine si los resultados de esas búsquedas eran reportados semanalmente a la Presidencia de la República.
Los hallazgos de la auditoría a la DNI
La denuncia se sustenta en la auditoría forense ordenada por el presidente de la DNI, Abelardo de la Espriella, que encontró indicios de escuchas y seguimientos contra opositores del gobierno Petro, además de fallas operativas, filtraciones de información sensible, accesos no autorizados a datos y deficiencias en los protocolos de ciberseguridad. En ese contexto, la auditoría también cuestionó el uso de gastos reservados, como la compra de un dron valorado en 9.000 millones de pesos que sufrió un accidente en el Catatumbo, y señaló que el sistema biométrico ABIS nunca funcionó. Una de las conclusiones del informe forense, citada en la denuncia, advierte que la gestión tecnológica y de seguridad digital de la Dirección Nacional de Inteligencia requiere una transformación estructural total.
Es inadmisible, vuelvo y repito, que hayan montado una parafiscalía, que hayan montado una Fiscalía paralela. Y si se lo hicieron al fiscal general de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación
Barbosa sostiene que las maniobras buscaban afectar su honra y la de su familia mediante la difusión de datos falsos en medios de comunicación y redes sociales. El listado de personas que, según la auditoría, fueron señaladas como objetivos de inteligencia incluye a la exprocuradora Margarita Cabello, al excontralor Carlos Felipe Córdoba, a los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, a las congresistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, al senador asesinado Miguel Uribe Turbay, y a los abogados Ramiro Bejarano y Vicky Dávila.
La denuncia también plantea una pregunta central: determinar si los datos que llegaron al presidente Gustavo Petro provenían de los organismos de inteligencia y si sirvieron de insumo para la campaña de desprestigio contra Barbosa y su familia. En su declaración, el exfiscal indicó que su apoderado dará seguimiento al caso y reclamará resultados ante la Fiscalía, en un proceso que promete tensar aún más la ya delicada relación entre el Ejecutivo y el órgano investigador.
