El ministro de Justicia, Iván Cancino González, anunció el lunes 5 de octubre que el Gobierno radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley de sometimiento para organizaciones armadas ilegales. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, será presentada “esta semana, o a más tardar la otra”, es decir, antes de que finalice la tercera semana de octubre. Según explicó Cancino, se trata de un mecanismo jurídico, sin ninguna negociación política, que establece condiciones estrictas para quienes abandonen las armas: entrega total de armamento, colaboración con el esclarecimiento criminal y cumplimiento irrestricto de las reglas que imponga el Estado.
El proyecto deberá surtir cuatro debates reglamentarios, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, y contempla la participación de las víctimas en los procesos de concesión de beneficios y suspensiones de penas. “Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones”, afirmó el ministro, quien fue contundente al señalar que “quien rete al Estado, que no acepte esto, que quiera seguir delinquiendo, va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”.
Los números de Justicia y Paz
El anuncio se enmarca en los 20 años de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), cuyo balance el ministro evaluó como una experiencia con avances significativos en el conocimiento de estructuras criminales, pero también con demoras y dificultades en materia de reparaciones. Hasta marzo de 2025, ese sistema ha emitido cerca de 100 sentencias sobre casi 1.000 postulados, ha judicializado más de 16.000 hechos y ha logrado esclarecer aproximadamente 74.000 delitos. En el ámbito de la reparación, más de 127.000 víctimas han sido reconocidas con algún tipo de indemnización, por un monto cercano a los 6 billones de pesos, y se han registrado 831 bienes sometidos a extinción del derecho de dominio.
El nuevo proyecto de ley se diferencia claramente de los anteriores procesos de paz, ya que el Gobierno descarta cualquier tipo de negociación política con los grupos armados. “Quien pide beneficios extraordinarios al Estado tiene que cumplir obligaciones extraordinarias frente a las víctimas”, enfatizó Cancino. Las organizaciones que aspiren a someterse deberán entregar sus armas, aportar información detallada sobre rutas, fuentes de financiación y vínculos con la corrupción y actores políticos, así como contribuir con verdad, perdón, esclarecimiento y reparación efectiva.
“Las víctimas seguirán siendo el eje central”
Iván Cancino González, ministro de Justicia
Una estrategia de cierre para el sistema transicional
El Ministerio de Justicia también anunció que impulsará una estrategia integral de cierre para el sistema transicional, con el propósito de acelerar los procesos pendientes. Esto incluye la aplicación de criterios de priorización, la concentración de esfuerzos en los casos más relevantes y la adopción de mejores instrumentos de gestión judicial. “No basta con dictar sentencias, hay que verificar que las órdenes realmente se cumplan”, afirmó Cancino, quien destacó la importancia de proteger y sistematizar los archivos de Justicia y Paz por su valor judicial, histórico y preventivo.
En paralelo, el Gobierno revisará la situación de aquellos postulados que ya cumplieron con sus compromisos, así como de quienes ocultaron bienes o continuaron delinquiendo. La estrategia definirá plazos concretos, asignará recursos específicos e identificará las instituciones responsables de conservar el conocimiento acumulado durante estas dos décadas. Con esta hoja de ruta, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: el sometimiento será la única vía para quienes abandonen la ilegalidad, mientras que la persecución judicial será implacable para quienes desafíen al Estado.
