El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula, anunció la propuesta de redirigir parte de la cooperación internacional hacia los territorios que han sufrido tanto la afectación histórica del conflicto armado como los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La información fue revelada en la presente semana, y se espera que el canciller participe el próximo 12 de noviembre en el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar este enfoque dentro de la reunión trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz de 2016.
Según explicó el canciller Omar Bula, la iniciativa busca ajustar las prioridades del nuevo gobierno sin desconocer los compromisos internacionales ya adquiridos, entre ellos el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. La reorganización se canalizará a través del Fondo Multidonante de Naciones Unidas y otros instrumentos de cooperación, con una revisión rigurosa de cada proyecto en conjunto con la ONU, la sociedad civil y las comunidades locales. El objetivo es añadir un criterio de priorización territorial que combine tres condiciones: que la zona tenga una afectación histórica por el conflicto, que sus necesidades sean compatibles con los objetivos del fondo y que haya sufrido un daño significativo por el sismo.
El terremoto del 10 de agosto afectó diversas regiones de Colombia, aunque no se han precisado la magnitud ni las ubicaciones exactas en el texto oficial. Por su parte, el acuerdo de paz de 2016 sigue vigente como un compromiso internacional que el gobierno no piensa abandonar. El Fondo Multidonante de Naciones Unidas articula al Gobierno, la ONU y los países donantes para financiar proyectos de construcción de paz en áreas como justicia transicional, atención a víctimas, reforma rural, reincorporación y desarrollo territorial. La administración actual revisará los proyectos existentes, preservando aquellos que funcionan y ajustando los necesarios, con miras a orientar la cooperación hacia seguridad, institucionalidad, recuperación territorial y generación de oportunidades.
Criterios de priorización y compromisos vigentes
El canciller Omar Bula fue enfático al señalar que el cambio de gobierno no implica un desconocimiento de los acuerdos previos. «El cambio de Gobierno no implica desconocer los compromisos que el Estado colombiano ha ido adquiriendo, ni las normas que se encuentran vigentes, que es el caso del acuerdo del 2016», declaró. Asimismo, detalló que la priorización se aplicará específicamente a «aquellos territorios y proyectos en estos territorios que coincidan con tres condiciones: que tengan una afectación histórica por el conflicto, con necesidades compatibles con los objetivos del fondo y un daño significativo ocasionado por el terremoto». Para garantizar la transparencia, Bula subrayó que «cada proyecto será examinado rigurosamente en cuanto a sus objetivos, su impacto territorial, sus resultados deben ser verificables».
«El cambio de Gobierno no implica desconocer los compromisos que el Estado colombiano ha ido adquiriendo, ni las normas que se encuentran vigentes, que es el caso del acuerdo del 2016»
Omar Bula, canciller de Colombia
«Priorizar aquellos territorios y proyectos en estos territorios que coincidan con tres condiciones: que tengan una afectación histórica por el conflicto, con necesidades compatibles con los objetivos del fondo y un daño significativo ocasionado por el terremoto»
Omar Bula, canciller de Colombia
Actualmente, la cooperación multilateral se estructura en cinco grandes áreas: desarrollo territorial, atención a víctimas, reincorporación, y mecanismos de seguimiento a iniciativas de paz y estabilización. La propuesta del Gobierno no implica desmontar estos mecanismos ni abandonar los compromisos de paz, sino añadir un criterio de priorización territorial para las zonas afectadas por el sismo. La participación del canciller Bula en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 12 de noviembre será clave para presentar esta nueva estrategia ante la comunidad internacional y refrendar el compromiso del país con la construcción de paz en medio de los desafíos que impone la emergencia sísmica.
