La Alcaldía de Medellín ha destapado un escándalo de corrupción que sacude los cimientos políticos del país, al denunciar un presunto entramado que conecta a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero con altos cargos del Gobierno de Gustavo Petro, con un detrimento patrimonial estimado en más de un billón de pesos. La denuncia, revelada por el secretario general del municipio, Sebastián Gómez, en entrevista con Noticias RCN, apunta a una red sistémica de desfalco que involucraría a entidades nacionales como Ecopetrol, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Unidad de Planeación de Gestión del Riesgo (Ugpp). Entre los implicados figuran Alethia Arango, imputada en el caso Aguavivas y exsubdirectora de la Ungrd; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero que luego trabajó en la secretaría privada de Ricardo Roa en Ecopetrol; y Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación Ciudadana, quien fue nombrado en la Ugpp. También es investigado Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, por su presunta participación en irregularidades contractuales.
El alcalde Federico Gutiérrez entregó hace un mes información al FBI sobre una comercializadora de oro que facturó más de 130.000 millones de pesos entre 2020 y 2023, con conexiones en Panamá, Miami e Italia, por posible lavado de activos. Paralelamente, la Alcaldía denunció que un funcionario de la Fiscalía en Bogotá habría descargado sin autorización documentos de expedientes en cerca de 300 ocasiones, documentos que luego aparecieron en publicaciones de Daniel Quintero en redes sociales. Las pruebas recopiladas por el Distrito incluyen testimonios y movimientos bancarios que mostrarían retiros de efectivo y cheques de gerencia utilizados para el pago de presuntas coimas. En total, 59 personas han sido imputadas, seis colaboran con la justicia y hay 25 procesos de extinción de dominio en curso.
El caso Miguel Quintero y las conexiones nacionales
Uno de los focos de la investigación es el contrato del Cuerpo de Bomberos, donde se habrían desviado 2.500 millones de pesos, y los seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia, por un total de 17.657 millones de pesos. El expediente del Área Metropolitana asciende a unos 16.000 millones de pesos. En el caso de Miguel Quintero Calle, el juez 27 penal municipal de Medellín le impuso detención domiciliaria, pese a que la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado del Área Metropolitana habían solicitado prisión carcelaria. El juez también rechazó el pedido del abogado Santiago Trespalacios para declarar ilegales las pruebas presentadas por la Fiscalía.
«Tenemos pruebas que conectan personas vinculadas o imputadas por corrupción de Medellín con el desfalco a entidades como Ecopetrol»
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín
Las autoridades subrayan que las menciones a exfuncionarios no implican responsabilidad penal, y que la determinación corresponde a los jueces. La Alcaldía ha enfatizado que el monto de un billón de pesos es una estimación que integra varios frentes de investigación, y que deberá ser establecido en los procesos judiciales y administrativos. Mientras tanto, el entramado sigue siendo destapado con nuevas revelaciones que vinculan la administración local con el Gobierno nacional, en un caso que promete tener profundas repercusiones políticas y judiciales en los próximos meses.
