Tres personas fueron halladas sin vida en la mañana del lunes 5 de octubre de 2026 en zona rural de Segovia, Antioquia, con las manos amarradas, signos de tortura e impactos de bala. El hallazgo se registró en el sector Las Antenas, sobre la vía que conduce a las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este hecho eleva a 97 la cifra de masacres ocurridas en Colombia durante el presente año. Las víctimas, aún sin identificar, permanecían a la intemperie cuando fueron localizadas por la comunidad, que dio aviso a las autoridades; sin embargo, no se reportaron capturas ni avances judiciales inmediatos.
El organismo humanitario señaló al Frente 4 como posible responsable de la masacre, aunque las autoridades competentes deberán establecer las autorías y circunstancias exactas de los hechos. La Defensoría del Pueblo ya había advertido el riesgo que representa la presencia de grupos armados en la zona a través de la Alerta Temprana 023 de 2022, que documenta la injerencia del ELN, las disidencias de las Farc-EP y el Clan del Golfo, quienes imponen reglas y mecanismos de control social sobre la población. En Segovia convergen además otras estructuras como el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, así como bandas locales dedicadas a distintas actividades ilegales.
Disputa armada y hallazgos recientes
El hallazgo en Las Antenas se conoció apenas un día después de que fueran localizados otros dos cadáveres en la vereda Otú, también en zona rural de Segovia. Aunque preliminarmente los hechos podrían estar relacionados con la disputa armada que vive el nordeste antioqueño, las autoridades no han confirmado una conexión entre ambos casos. La zona rural de Segovia está bajo jurisdicción de la Séptima División del Ejército Nacional, que tampoco se ha pronunciado sobre estos hechos.
La ausencia de pronunciamientos oficiales y de resultados en materia de capturas mantiene en la incertidumbre a los habitantes de la región, quienes conviven con la imposición de normas por parte de los actores armados. El informe de la Defensoría del Pueblo ya había señalado que estos grupos establecen reglas de comportamiento, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades campesinas. Organizaciones sociales han exigido a la Fiscalía y a la fuerza pública adelantar una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos crímenes y evitar que sigan ocurriendo hechos similares en un territorio históricamente golpeado por la violencia.
