La muerte de Yenifer García, una mujer de 33 años, ocurrida el pasado 15 de agosto de 2026 en el sur de Bogotá, ha sido reclasificada como un homicidio tras el dictamen de Medicina Legal conocido el 5 de octubre del mismo año. La víctima falleció por una intoxicación severa causada por la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam, medicamentos que le fueron administrados por vía intravenosa durante un tatuaje a domicilio en el barrio La Resurrección, localidad de Rafael Uribe Uribe. El informe forense estableció que la mezcla de estos fármacos provocó un deterioro respiratorio y cardiovascular irreversible, llevándola a un paro cardiorrespiratorio en cuestión de minutos.
Jhonatan Cantor, esposo de la víctima, relató a medios locales que el procedimiento no duró más de media hora después de la inyección. «Eso fue lo que la mató, ahí sale en el dictamen todo bien. Ella entró en un paro cardiorrespiratorio», afirmó. Según su versión, el presunto anestesiólogo les había asegurado que su esposa permanecería consciente y que la sedación sería local, pero luego les informó que era necesario aplicarla intravenosamente. La familia había contratado el servicio para una segunda sesión de tatuaje en la espalda, buscando aliviar el dolor, sin imaginar el desenlace fatal.
Libertad del principal sospechoso genera indignación
El caso ha tomado un giro judicial que enciende alarmas. Aunque el responsable fue capturado en flagrancia, quedó en libertad pocas horas después, una situación que el concejal del Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, calificó de inaceptable. «Lo capturan en flagrancia y poco después es dejado en libertad. ¿Por qué? Esa es una respuesta que merece la familia de Yenifer. Ha pasado más de un mes y ahora tenemos un dictamen de Medicina Legal que establece que la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam causó su muerte y que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. ¿Qué más está esperando la Fiscalía?», cuestionó Avellaneda en un video difundido en redes sociales.
El abogado de la familia ha señalado que el hombre que administró los medicamentos sería auxiliar de enfermería, no un anestesiólogo titulado, un aspecto que aún debe ser verificado por las autoridades. Mientras tanto, el esposo de Yenifer desconoce el paradero tanto del presunto anestesiólogo como del tatuador, quien, según cuenta, le ha escrito preguntando por el avance del proceso. «A la Fiscalía le pido que haga justicia, que pague quien tenga que pagar por la muerte de mi esposa», insistió Cantor, repitiendo su llamado en varias ocasiones.
Advertencia de la Secretaría de Salud y rechazo de concejales
Tras el suceso, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un recordatorio: los tatuajes no están autorizados en viviendas particulares y los medicamentos anestésicos deben ser administrados exclusivamente por personal de salud en espacios habilitados. Distintos concejales han rechazado el hecho y exigen la captura inmediata del responsable, mientras el expediente avanza para establecer las condiciones en las que se realizó el tatuaje, la procedencia de los medicamentos y las responsabilidades penales del caso. La familia, que desde agosto advertía que podría tratarse de un homicidio, espera que la justicia actúe con celeridad para que la muerte de Yenifer no quede impune.
