Denuncias por $7 billones en tierras: Gobierno revisa gestión de Petro

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El presidente Abelardo de la Espriella y la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, anunciaron una revisión integral del manejo de cerca de $7 billones durante la administración de Gustavo Petro y la presentación de denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades. Garrido había intentado exponer estos hallazgos en el Congreso el 17 de septiembre de 2026, pero la sesión se frustró por falta de cuórum, lo que motivó una reunión posterior con el presidente en la Casa de Nariño. La revisión interna de la ANT busca establecer la trazabilidad de los recursos e identificar irregularidades en compras de predios y contratación de servicios durante la gestión anterior, con el objetivo de «poner la casa en orden» y recuperar los recursos públicos.

La Agencia Nacional de Tierras, encargada de ejecutar los objetivos de la Reforma Rural Integral, entregó 99.477 hectáreas con título de propiedad a productores y comunidades étnicas durante la administración previa, según datos de la propia Garrido. No obstante, la nueva dirección encontró indicios de mal manejo de fondos que la llevaron a solicitar la revisión de los $7 billones cuestionados. La directora, quien reemplazó a Juan Felipe Harman en 2026 y proviene de una trayectoria como exrepresentante a la Cámara por Arauca, ha manifestado su compromiso con la transparencia y la gestión eficiente, y reprochó la ausencia de los legisladores del Pacto Histórico en la sesión del Congreso, defensores de la reforma agraria.

Denuncias ante los organismos de control

Tras la reunión en la Presidencia, el primer mandatario instruyó a la directora de la ANT a remitir todas las evidencias recopiladas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República. La hoja de ruta definida entre ambos busca mejorar la eficacia de la entidad y recuperar su capacidad institucional. «Vamos a poner la casa en orden, recuperar lo que le pertenece al pueblo y garantizar que cada peso cumpla el propósito para el cual fue destinado», afirmó el presidente De la Espriella.

«Vamos a poner la casa en orden, recuperar lo que le pertenece al pueblo y garantizar que cada peso cumpla el propósito para el cual fue destinado»

Abelardo de la Espriella, presidente de la República

La directora Garrido, por su parte, expresó su decepción por la falta de quórum en el Congreso y señaló: «Me voy un poco triste porque esperábamos contarles a todos los colombianos parte de lo que hemos encontrado en la Agencia Nacional de Tierras». A pesar de ello, reafirmó su determinación de actuar con transparencia y firmeza. «De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios», declaró.

«De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios»

Lina María Garrido, directora de la ANT

En el marco de este proceso, Garrido propuso concentrar la política de tierras en el acceso, la formalización y la seguridad jurídica de la propiedad rural, y anunció desafíos como la modernización del régimen agrario, la elaboración de un Código Agrario Único, una legislación especial para la Orinoquía y una reforma al sistema de reparación de tierras. «Los campesinos van a estar en el primer renglón de nuestra tarea y hoy más que nunca estamos firmes por la patria», afirmó la directora, al tiempo que se comprometió a fortalecer la productividad rural y dignificar las condiciones de vida de las comunidades del campo. Con estas medidas, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje claro de transparencia y justicia en el campo colombiano, en medio del compromiso de convertir a Colombia en un país de propietarios.

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