La Fuerza Pública de Colombia presentó este martes 6 de octubre de 2026 un nuevo balance de la ofensiva integral contra grupos armados ilegales y la minería ilegal, que deja capturas, sometimientos, destrucción de explosivos y maquinaria en al menos ocho municipios del país. El presidente Abelardo de la Espriella lideró el anuncio, enmarcado en la política de seguridad del Gobierno para perseguir a los criminales y cortar sus fuentes de financiación, con operativos terrestres simultáneos en Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Caquetá, Tolima y Cesar.
En el municipio de Tibú, Norte de Santander, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc, en un operativo en el que además se incautaron un arma larga, tres armas cortas, munición y material de intendencia. En Antioquia, específicamente en Santa Fe de Antioquia, y en Tierralta, Córdoba, se produjo la detención de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. Mientras tanto, en Florencia, Caquetá, dos integrantes de la estructura Raúl Reyes se sometieron a la justicia y entregaron voluntariamente tres armas largas, un dron y tres artefactos explosivos para drones.
Destrucción de explosivos y minería ilegal
En el corregimiento de Sardinata, Norte de Santander, las autoridades destruyeron de manera controlada un total de 100 artefactos explosivos que presuntamente pertenecían al ELN, con el objetivo de impedir su uso contra la Fuerza Pública o la población civil. En el departamento del Tolima, sobre el río Saldaña, en jurisdicción de Chaparral y Coyaima, se intervinieron cinco unidades de producción minera donde operaban seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales. La maquinaria destruida en esta zona está avaluada en 3.198 millones de pesos, y se estima que la extracción ilegal de oro en los puntos intervenidos generaba cerca de 4.000 millones de pesos mensuales. En Ayapel, Córdoba, el Ejército afectó 24 unidades de producción minera ilegal y 21 dragas, y destruyó 26 motobombas y 8 clasificadoras.
«Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡Vamos por todos!»
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
La ofensiva se complementa con la activación, desde el lunes 5 de octubre, de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, con base en Aguachica, Cesar, integrada por aproximadamente 1.200 hombres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esta unidad fue puesta en marcha para perseguir las redes de mando y financiación del ELN vinculadas al robo de hidrocarburos, y se desplegó en el Cesar, el Magdalena Medio, el Catatumbo y los corredores hacia Norte de Santander, con prioridad en el corredor Tamalameque-Aguachica. La operación contra el ELN busca intervenir toda la cadena criminal que incluye la sustracción, el almacenamiento, el transporte, la comercialización y la renta del combustible.
El presidente de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, dio instrucciones a las tropas de la Fuerza de Tarea Urano basadas en la «inteligencia, disciplina y apego a la Constitución y la ley». El Ministerio de Defensa definió esta campaña como un esfuerzo «coordinado, diferencial, dinámico y transitorio» que contará con presencia en los trayectos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña. El control de vías e infraestructura energética es clave para limitar la capacidad logística de los grupos armados, y la dirección estratégica está a cargo del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad, a través de la Dirección de Seguridad Nacional, mientras que su creación formal requiere la aprobación del ministro de Defensa. El Comando General de las Fuerzas Militares tiene un plazo de 15 días para emitir las órdenes de implementación de esta nueva fuerza de tarea.
